Una de las características formas en que se favorece la impunidad ante los presuntos hechos de corrupción ocurre cuando desde las mismas instancias del Poder Judicial se paralizan o se dilatan las investigaciones y los procesos iniciados ante la Justicia.
Fue lo que sucedió con el emblemático proceso por supuestos delitos de estafa y cobro indebido de honorarios en que se vio envuelto el senador colorado Víctor Bogado, quien logró dilatar su caso a través de interminables chicanas por el término de casi cinco años, hasta que la presión ciudadana manifestada a través de movilizaciones y escraches motivó que una jueza decida llevar al legislador ante un juicio oral.
Algo similar está ocurriendo con el caso del diputado colorado por Paraguarí, Tomás Éver Rivas, quien se encuentra imputado por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Tras una investigación realizada por periodistas de este diario en el 2017, Rivas había sido expuesto en una serie de reportajes que revelaron que pagaba a tres de sus empleados con dinero del Estado, haciéndolos figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados, a pesar de que estos no cumplían funciones en el Congreso, sino en su domicilio particular, en la zona de Ybycuí.
Tras casi un año de investigación con base en lo revelado por este diario, la Fiscalía Anticorrupción imputó a Rivas y a sus tres caseros. Posteriormente, el juez Rubén Riquelme pidió el desafuero del legislador a la Cámara de Diputados, pero la defensa de Rivas planteó una apelación en contra, sosteniendo que la imputación debía ser anulada, debido a que una resolución de Diputados establece que choferes y secretarios de legisladores deben registrar su asistencia solo firmando en planillas y sin necesidad de un mayor control que la del propio diputado que los tiene a su servicio.
El proceso Rivas está detenido desde junio pasado, debido a que los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no resuelven dos recusaciones planteadas. Por ello el legislador no ha podido ser despojado de sus fueros parlamentarios, como ya ha ocurrido con otros de sus colegas también acusados de corrupción.
El caso del diputado por Paraguarí es muy similar al del ex diputado José María Ibáñez, quien también pagó a sus caseros con dinero público y tras haber reconocido su autoría, ante la indignación popular se vio obligado a renunciar a su cargo de parlamentario.
Es necesario que la ciudadanía exprese con mayor fuerza su indignación en este caso para que la Justicia finalmente pueda actuar.
