La semana pasada vecinos del barrio Itá Paso de la ciudad de Encarnación, Itapúa, formaron una “comisión antirrobos” y capturaron a un joven que, según los informes, tiene problemas de drogas, y quien supuestamente cometía hurtos. Los mismos le golpearon, le ataron a un poste, le raparon la cabeza y le dejaron por más de 7 horas así, con un cartel colgado encima de la cabeza que decía: “Me pasa por robar”.
Según la información que se publicó y se viralizó, el incidente se dio porque supuestamente el joven se llevaba todo tipo de objetos como sillas, planteras, garrafas, ropas, calzados, incluso gallinas.
Al final, fue descubierto cuando había robado unas gallinas que vendió a 10 mil guaraníes cada una. Tras la “corrección ciudadana”, tuvo que ser rescatado por la Policía que lo llevó detenido.
A esto se suma que existe también un grupo parapolicial en el Norte del país llamado “Justicieros de la Frontera”, que también se encarga supuestamente de “castigar” hechos punibles, todo con el argumento de la incapacidad policial para la “lucha contra la delincuencia”.
No obstante, estos grupos parapoliciales lo único que hacen es violar la ley, con los excesos que se dan en estas capturas ciudadanas. Por suerte, en el caso de la semana pasada, no hubo un linchamiento, lo que bien podría darse cuando la turba está desbordada.
Debemos señalar que esto se llama lisa y llanamente hacer “justicia por mano propia”, lo cual está prohibido por la Carta Magna. En su artículo 15 refiere: “De la prohibición de hacer justicia por sí mismo. Nadie podrá hacer justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia. Pero se garantiza la legítima defensa”.
Una cosa es detener a un delincuente en flagrancia, tras un hecho punible, que sí puede realizarse, o en todo caso ejercer la legítima defensa de una agresión ilegítima en nuestra contra o de un tercero, pero otra cosa es imponer castigos como los que se dieron contra esta persona.
Lo peor, además, es que tuvo el aplauso de varias personas principalmente en las redes sociales, incluidos periodistas y hasta abogados, conocedores del Derecho, con la famosa frase de “Para que aprenda…”, entre otras cosas.
Creo que la situación se da principalmente por la impunidad reinante, lo que se suma al hartazgo ciudadano, el estrés y el miedo por la pandemia, que hacen que las personas quieran descargarse por cualquier medio.
Sin embargo, la situación se torna sumamente peligrosa teniendo en cuenta que dentro de una turba descontrolada siempre se cometen excesos, de los que muchas veces podrían tener lamentables consecuencias.
En un verdadero estado de derecho no debe darse esta situación, ya que para ello están la Policía, la Fiscalía y la Justicia. Por eso nuestra legislación prevé los hechos punibles, y la forma de castigarlos. Además, limita el poder del Estado para su aplicación justamente por los excesos que se dan.
Desde la prensa no podemos alentar este tipo de las denominadas comisión garrote, como hubo ya varios en nuestra historia, para “corregir” a la gente, especialmente en la época de la dictadura, a la que no queremos retornar pese a algunos nostálgicos.
La ley, aunque muchos no crean en ella, ya que la consideran letra muerta, está para regular la convivencia en sociedad. No debemos permitir que estos excesos se vuelvan costumbre, porque eso llevará al país al caos como se dan en otros países.
La excusa de la inoperancia policial no nos da derecho a tomar justicia por mano propia. Además, no faltarán los que se aprovechen de esto, especialmente porque estamos en una época electoral, donde aparecen los pescadores de río revuelto.
No debemos hacer caso a los profetas de la violencia porque no nos llevará a ningún lado, salvo a una peor situación de la que estamos actualmente con la pandemia.
