Ante denuncias de prevaricato, la ola de críticas ciudadanas y la amenaza de un juicio político, los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) resolvieron anoche suspender la cuestionada Resolución TSJE Nº 132/2018, de fecha 26 de noviembre de 2018, con la cual convocaron a elecciones municipales en Ciudad del Este (CDE), cuando todavía ni siquiera se trató la aceptación o rechazo de la renuncia de Sandra McLeod de Zacarías.
En el documento de suspensión, el TSJE comienza indicando que es responsable de la organización y administración de las elecciones, y en el marco de esta función formalizó “el acto administrativo por el cual se convoca a elección de intendente municipal del distrito de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, estableciéndose en el mismo el cronograma electoral”. La institución argumenta que la convocatoria tuvo su origen “en la comunicación realizada a este alto órgano electoral por la licenciada Sandra McLeod Zacarías, donde comunica su renuncia al ejecutivo municipal”.
La Justicia Electoral recula porque la Junta Municipal de CDE no tiene un plazo para el estudio de la aceptación o rechazo de la renuncia planteada por McLeod, y “considera que el cumplimiento del cronograma se ve seriamente afectado”.
Denuncia. Sin embargo, el TSJE se vio obligado a rectificar el error ante la ola de críticas, las denuncias por prevaricato y el anuncio de juicio político. De hecho, la fiscala Liliana Alcaraz fue designada para investigar a los tres ministros, Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, junto con la intendenta renunciante Sandra McLeod, denunciados por el abogado esteño Nicolás Russo, por supuesta asociación criminal y otros hechos punibles.
Russo dice que el TSJE recibió la renuncia de McLeod como jefa comunal y rápidamente llamó a elecciones en la capital del Alto Paraná, tomando como válida una acción de inconstitucionalidad caducada –contra viarios artículos de la Ley Orgánica Municipal, entre ellos el 53– para impedir que la Junta Municipal estudie la dimisión.
Juicio político. Además, tras la convocatoria a elecciones municipales, en Diputados amenazaron con enjuiciar políticamente a los tres ministros, alegando la existencia de prevaricato. De igual forma, los senadores del Frente Guasu (FG), Patria Querida (PQ) y Partido Democrático Progresista (PDP) también se mostraron a favor del enjuiciamiento.
No obstante, el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, consideró que, particularmente, él lo analizaría muy bien. “La cuestión no es dejar impune, lo que digo es que hay que analizar con mayor objetividad”, sostuvo ayer en conferencia de prensa antes del inicio de la sesión ordinaria.
En ese sentido, apuntó que la decisión de un juicio político a los ministros del organismo electoral dependerá de un pacto político que, en gran parte, sería liderado por el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez.