Editorial

Justicia debe ser más eficaz con los "significativamente corruptos"

Recientemente se informó que la lista de paraguayos designados por el Gobierno de los Estados Unidos como "significativamente corruptos" podría en breve ser ampliada. Lo que el ciudadano puede ver como una forma de equilibrio ante tanta impunidad, debe ser interpretada como un llamado de atención para la Justicia, pues demuestra su ineficiencia. Que un gobierno extranjero tenga una lista de "significativamente corruptos" paraguayos, que a duras penas están siendo procesados, debería ser una motivación para realizar un mejor trabajo.

Un abanico de candidatos tiene Estados Unidos para su lista de corruptos titulaba Última Hora la noticia de que la lista de paraguayos designados por el Gobierno del país del norte como “significativamente corruptos” podría ser ampliada, según lo anunció el propio embajador Marc Ostfield. No se trata ni de justicia poética ni de reivindicación, es lisa y llanamente la representación de que la Justicia paraguaya no está haciendo su trabajo, y queda mal parada debido a su propia ineficiencia.

La famosa lista negra había incluido en su momento al fallecido ex senador colorado Óscar González Daher, uno de los primeros políticos paraguayos que habían sido declarado como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Posteriormente se agregó el nombre del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y en el 2021 se agregaba en la nómina al diputado colorado Ulises Quintana.

La designación en la lista conlleva, como es sabido, sanciones de por vida, como la prohibición de entrada a ese país y no poder utilizar su dinero allí. La medida se extiende también a los familiares inmediatos de los señalados.

Tras el anuncio de Ostfield han comenzado las conjeturas respecto a los nombres que podrían en breve pasar a integrar la deshonrosa lista negra. De nuestra actualidad y tomando en cuenta los recientes operativos antidroga y antilavado surgen varios nombres posibles. Uno de ellos es el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio, quien se vio forzado a renunciar a su banca tras la filtración de audios que revelaban su conexión con el narcotráfico. Actualmente imputado y en prisión, se lo relaciona con el prófugo pastor José Insfrán, sindicado como importante miembro de una megaorganización criminal, buscado en el marco de la operación antidrogas A Ultranza Py.

Es precisamente en esta operación donde surgió el nombre del diputado Erico Galeano. El legislador quedó vinculado al esquema delictivo cuando durante un allanamiento a una lujosa propiedad en la exclusiva urbanización Aqua Village, de la ciudad de Altos, se encontró una boleta de la ANDE a su nombre. Galeano alegó que vendió la propiedad a Hugo González Ramos, uno de los procesados en el marco de A Ultranza Py. Sin embargo, después se supo que el diputado omitió en su declaración jurada la lujosa vivienda y una docena de cuentas bancarias. Aparecieron asimismo llamativas transferencias de montos millonarios entre Galeano y el ex presidente Horacio Cartes.

Además de ser un mensaje para la Justicia asimismo es un recado para el Gobierno, para el actual y para el que elegiremos en 2023, de que la lucha contra la corrupción debe ser frontal y decidida. Nuestro país se ha convertido en la nueva ruta privilegiada del narcotráfico, y frente a la inacción y a veces complicidad de las autoridades nacionales el crimen organizado se ha sofisticado. Paraguay en los últimos años se ubicó como un centro para el tráfico de cocaína y marihuana, producción ilegal de cigarrillos y contrabando. Este posicionamiento trajo consigo también el aumento de la violencia.

Un sondeo realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) revela que en el área de lucha contra la corrupción, el Gobierno se lleva la peor evaluación, con un total de 91% de notas negativas (50,1% calificó de muy mala, 29,9% de mala, y 11% de regular mala).

El Gobierno y todas sus instituciones deben redoblar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos; pero es la Justicia la que particularmente debe tomar nota de que los niveles de corrupción se corresponden exactamente a la proporción de impunidad que impera.

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