Opinión

Justicia corrupta permite que la mafia siga manejando la política

Una amplia investigación realizada por la organización periodística InSight Crime identifica que, lejos de disminuir, la actividad del crimen organizado en el Paraguay ha aumentado considerablemente. El informe asegura que la mafia financia gran parte de las campañas políticas y maneja a autoridades y dirigentes para servir a sus oscuros propósitos. Ello es posible, en gran medida, por la abierta complicidad de una Fiscalía y un Poder Judicial vulnerables a la corrupción que, en lugar de castigar a quienes aparecen involucrados, los ampara con la impunidad. Uno de los ejemplos que aparecen es el del supuesto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña y su red criminal, donde vincula al diputado colorado Ulises Quintana, precandidato a intendente de Ciudad del Este, en conexiones al hasta ahora intocable Clan Zacarías.

En un estado fronterizo del Paraguay, narcotraficantes y políticos corruptos comparten intereses comunes y las contiendas políticas se entrelazan con el hampa”, destaca en su introducción el amplio informe realizado por la reconocida organización periodística internacional InSight Crime, con base principal en Washington, Estados Unidos, y Medellín, Colombia. Parte del informe ha sido publicado por este diario, en sus ediciones del domingo y el lunes.

En una serie de artículos, con base en dos años de reportería investigativa y extenso trabajo de campo, InSight Crime relata cómo algunos codiciados territorios limítrofes se han transformado en terrenos fértiles para la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica y la Zona Trifronteriza del Cono Sur, dos de las regiones más azotadas por el crimen en Latinoamérica.

En el caso del Paraguay, sostiene que nuestro país tiene mucha relevancia como foco del crimen, al ser el mayor productor de marihuana en toda Sudamérica, abasteciendo a los mercados de consumo de Brasil y de Argentina. Estima que aquí se produjeron 40.000 toneladas de cannabis en 2019, pero los grupos criminales se están decantando hacia nuevas actividades, en especial la producción de cocaína.

Con más economías criminales, el Paraguay constituye un prospecto más atractivo para los grupos internacionales, incluidas las conocidas pandillas del Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV).

También sostiene que hay una “democratización” del contrabando.

Alguna vez controlado por una cerrada élite política, la próspera economía del contrabando en Paraguay se está haciendo más accesible que nunca a actores criminales menores y políticos de menor nivel”, y que “esta actividad criminal se ha convertido en un mecanismo importante para financiar campañas políticas, lo que a la vez ha degradado el proceso electoral”, indica.

Como punto principal, destaca que “la relación entre la política y el crimen organizado también presenta una evolución, con el creciente interés por el narcotráfico entre personajes en la función pública”.

Uno de los ejemplos que aparecen es el del supuesto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña y su red criminal, donde vincula al diputado colorado Ulises Quintana, precandidato a intendente de Ciudad del Este, en conexiones al hasta ahora intocable Clan Zacarías.

“La relación tipifica un patrón más generalizado: la creciente importancia del dinero del narco en las campañas políticas. Quintana además es un ejemplo de un político de menor rango que entró a los círculos criminales que alguna vez controlaban las élites, gracias a su presunta relación con el crimen organizado”, establece.

El informe asegura que la mafia financia gran parte de las campañas políticas y maneja a autoridades y dirigentes para servir a sus oscuros propósitos. Ello es posible, en gran medida, por la abierta complicidad de una Fiscalía y un Poder Judicial vulnerables a la corrupción, que, en lugar de castigar a quienes aparecen involucrados, los ampara con la impunidad.

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