El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Cándida Fleitas fijó fecha para el inicio del juicio oral para al diputado Tomás Fidelino Rivas, acusado por presunta estafa en calidad de cómplice en el caso conocido como caseros de oro. Los caseros del legislador ya fueron condenados en la causa.
El juzgamiento para el congresista colorado está fijado para el próximo 20 de octubre, a las 8.30, en la sede del Palacio de Justicia de Asunción.
Rivas está fue acusado por la Fiscalía el 22 de noviembre del 2019 por los delitos de estafa en grado de autor y cobro indebido de honorarios como cómplice. Desde entonces, el diputado presentó constantes dilaciones para retrasar su proceso.
Según la acusación de la Fiscalía, el parlamentario hizo figurar a sus tres caseros como funcionarios públicos para pagar sus salarios con dinero del Estado. Es decir, los caseros firmaban planillas de asistencia sin que efectivamente estuvieran trabajando en el Congreso Nacional. Mientras que esas planillas de asistencias eran firmadas por el diputado Tomás Rivas, para que esto sea válido.
INVESTIGACIÓN úh. El diputado colorado Tomás Rivas está procesado a raíz de una serie de publicaciones periodísticas de Última Hora en el año 2017, que corroboraron que los supuestos funcionarios del legislador en el Congreso Nacional no prestaban servicio alguno en la sede legislativa, pero igual cobraban salarios. Estas publicaciones fueron tomadas por Kattya González (actual diputada) y María Ester Roa para denunciarlo el 1 de marzo del 2017.
El 28 de junio pasado, un Tribunal de Sentencia ya dictó condena contra los denominados caseros de oro del diputado, quienes fueron sentenciados a dos años de cárcel con la suspensión a prueba de la ejecución de la pena. Esto significa que los tres fueron hallados culpables por cobro indebido de honorarios, pero no irán a prisión.
Se trata de Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero.
En el caso también se pudo demostrar la estafa en contra del Estado, ya que los condenados percibían salario sin trabajar en la Cámara de Diputados. En el caso de Franco, el perjuicio fue de G. 24 millones; de Chaparro, de G. 16.937.080, y de Romero, de G. 16.895.830, por los salarios cobrados sin prestar servicios al Estado.
Es decir, la Fiscalía pudo comprobar que los tres recibían salarios de la Cámara de Diputados, cuando en realidad cuidaban las propiedades del legislador colorado.
En febrero de este año se iba a iniciar el juzgamiento del caso, pero se había postergado para permitir que si Rivas iba a juicio oral, se realizara la acumulación del caso, y se hiciera un solo juzgamiento para todos los acusados.
