EFE
El juicio, iniciado el pasado 27 de julio, se encuentra próximo a concluir, a falta de la presentación de las últimas pruebas documentales y de la reconstrucción de los hechos que se realizará en el lugar de la masacre.
El proceso investiga a once campesinos por la muerte de seis policías durante un operativo de desalojo de unas tierras del distrito de Curuguaty (este), que un grupo de 70 labriegos ocupaba para pedir que se integrasen a la reforma agraria.
Mientras, no hay ningún imputado por la muerte de once campesinos durante esta masacre.
En la sesión del juicio de este lunes se exhibió un documento de audio en el que se escucha a los policías que intervinieron en el desalojo, unos 300 agentes entre los cuales había personal altamente especializado, en el momento en que instruyen a sus subordinados para evitar el uso de armas y actuar en forma pacífica, según un comunicado de la Fiscalía.
También prestó declaración un agente de la policía montada de Luque (Gran Asunción), que afirmó que los campesinos se negaron a dialogar con los agentes policiales, pronunciando la frase “vencer o morir”.
La Fiscalía sostiene que los campesinos, armados con escopetas de caza, palos y útiles de labranza, tendieron una emboscada a los policías e iniciaron el tiroteo que acabó con la vida de once labriegos y seis agentes.
Sin embargo, los testimonios policiales no han logrado corroborar esta hipótesis, debido a que los agentes dieron diferentes versiones sobre la disposición de los campesinos en el terreno, y muchos de ellos no pudieron precisar qué tipo de armas portaban los labriegos.
El testimonio de uno de los forenses en el juicio indica que las heridas que provocaron la muerte de los policías provenían de balas de grueso calibre, que corresponden según la defensa a las armas de los agentes, y no a las de los labriegos.
Sin embargo, los cadáveres no fueron sometidos a autopsia, y las placas radiográficas realizadas se extraviaron, según la Fiscalía.
Además, los casquillos de los proyectiles disparados fueron recolectados del lugar de los hechos por personas ajenas a la investigación, horas antes de la intervención de los fiscales.
Ante la desaparición de evidencias y la ausencia de algunas pruebas periciales, los abogados defensores sostienen que no existen elementos que demuestren la culpabilidad de los campesinos, y piden que estos sean absueltos.
El pasado viernes, los defensores presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido de medidas cautelares para “evitar una condena arbitraria e inminente” contra los campesinos, con base en las numerosas irregularidades detectadas en el proceso.
La investigación de este caso ya suscitó la reacción del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el pasado mes de enero reclamó a Paraguay “investigaciones imparciales e independientes” sobre los hechos.
La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, destituido una semana más tarde en un proceso que llevó a Paraguay a ser suspendido del Mercosur, dado que los socios del bloque consideraron que el país había roto con el orden democrático.
