El Tribunal Oral Federal 2 comenzó a escuchar las palabras finales que se les concede expresar a los acusados, iniciando la ronda con el empresario Lázaro Báez, quien aprovechó la oportunidad solamente para destacar la labor de su defensa. “Porque la verdad, la única que se preocupó en buscarla fue mi defensa, como la defensa de todo el resto de las personas que fueron imputadas en esta causa”, dijo Báez en su breve declaración ante el tribunal.
El resto de procesados que pudieron expresarse por última vez en esta jornada fueron Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala. “Mis defensores y el resto de defensas han planteado con absoluta idoneidad pruebas, argumentos y objeciones que dejan al desnudo la enorme cantidad de irregularidades en este proceso, y la inocencia de los acusados”, dijo De Vido, y pidió a los jueces “que no se escuden en la benevolencia inmoral de algunos medios de comunicación”.
“Todos sabemos que esta acusación fue siempre insostenible, injusta. Deben elegir una condena inmoral o el resguardo al estado de derecho”, concluyó el ex ministro, y remarcó que es la tercera vez que le llevan a un juicio en forma direccionada y omitiendo deliberadamente la presencia de otros compañeros de gabinete que llevaron adelante junto a él la gestión del estado.
El martes podrán expresarse Cristina Fernández y otros tres acusados y ese mismo día el tribunal dará a conocer la fecha en la que escuchará las últimas palabras de otros cuatros acusados.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
En este juicio, Fernández está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
La vicepresidenta, que en los últimos años sorteó los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que le protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política. El 22 de agosto, la Fiscalía pidió para Fernández una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, al tiempo que propuso decomisar bienes de los acusados en este juicio por una suma de 5.231 millones de pesos.
