Cabe recordar que este porcentaje estatal, que se carga al bolsillo de los ciudadanos, había quedado sin efecto en el 2019, justamente tras una fuerte presión social en contra.
De acuerdo con las informaciones que se manejan, con el visto bueno de los diputados y posteriormente el guiño del Ejecutivo, se tendrá que incluir en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de nuevo el 7% del aporte estatal.
Según los datos que se manejan, en total hay 280 jubilados, de los cuales 212 son parlamentarios, y 68 son los viudos o viudas, catalogados como pensionados.
Varios de los ex parlamentarios que fueron consultados sobre esta situación se limitaron a señalar que supuestamente la caja es autónoma y que gestionan sus recursos prestando dinero a los asociados y funcionarios.
Además, prácticamente celebraron que se vuelva a recuperar el aporte del 7% del Estado que tenían por ley, y que se había derogado.
El argumento es que todas las cajas del país tienen ese aporte estatal, menos los parlamentarios.
Remarcaron que con la reprogramación presupuestaria que se había presentado en el 2024 y se aprobó ahora en la Cámara Alta, se recupera ese porcentaje del 7%.
En la sesión del miércoles pasado, en la que se dio vía libre a esta iniciativa, contados senadores fueron los que objetaron, pero la mayoría estuvo de acuerdo.
El argumento que fue utilizado y que quedará registrado en la historia es que, para los parlamentarios, los ciudadanos son los patrones, por lo que los mismos tenían que hacerse cargo de un porcentaje para la jubilación.
En su discurso en defensa del proyecto, el senador Dionisio Amarilla había despotricado contra la ex senadora Kattya González por haber promovido la eliminación.
Derogación de jubilación vip. Kattya se hizo eco de esta nueva hazaña en el Parlamento, y recordó la campaña que había promovido en su momento para la eliminación de la jubilación vip.
En la exposición de motivos de su proyecto, que fue rechazado y archivado, había remarcado que los senadores y diputados no son trabajadores en condición de dependencia, sino que los cargos políticos son electivos.
Además, se alegó que cobran dieta parlamentaria y no un salario, y que no son contratados para realizar un trabajo, sino electos para representar a los ciudadanos.
