El diputado colorado Ulises Rolando Quintana podría volver a la prisión, tras ser citado por la jueza Alicia Pedrozo, para el próximo 26 de setiembre, para la audiencia de revisión de medidas cautelares.
Con ello, la magistrada cumplió con la resolución del 25 de julio pasado, del Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, que había anulado el fallo de la jueza Magdalena Narváez, que le concedió la libertad.
No obstante, los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos, pese a anular la resolución, dispusieron que el legislador debía ser citado para una nueva audiencia de revisión de medidas.
Desde esa resolución, hasta ahora, no pudo ser citado debido a la inhibición de varios magistrados, la impugnación de otros, y hasta la contienda de competencia que fue resuelta por la Sala Penal de la Corte.
La audiencia para el legislador colorado fue fijada para las 8.15, donde deberá comparecer para estudiar nuevamente su pedido de revocatoria de prisión.
Hay que señalar que la fiscala Lorena Ledesma fue la que más se opuso a su libertad, y la que apeló la resolución de la jueza Narváez.
Con la libertad que logró el 8 de julio pasado, Quintana logró reintegrarse a la Cámara de Diputados y recuperar su banca por el Departamento del Alto Paraná.
ACUSACIÓN. El pasado viernes, la fiscalía presentó acusación en el caso del Operativo Berilo, donde además del diputado Quintana, está acusado el conocido Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho.
Justamente, el congresista colorado fue acusado por los supuestos delitos de lavado de dinero y asociación criminal para el tráfico de drogas, con penas de entre 5 y 15 años.
Con la citada calificación, por el concurso de delitos, la máxima pena posible en caso de condena a Quintana sería de 22 años y medio.
Con ello, Quintana podría volver a la prisión, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos punibles investigados en su contra.
En el caso, además de Quintana y Cucho, también están acusados el fiscal Gustavo Yegros, dos asistentes fiscales, varios agentes policiales, a más de los parientes de Cabaña.
La jueza Alicia Pedrozo fue confirmada tras ser recusada por la defensa de varios policías, aunque atendió varias audiencias de revisión de medidas cautelares.
Ahora, tras ser ratificada en la causa, deberá intimar a la fiscalía para que presente la carpeta fiscal y las evidencias, de modo a que ponga las pruebas a disposición de las partes.
Después, deberá citar a las partes a la audiencia preliminar, donde deberá examinar la acusación del Ministerio Público.
Las defensas señalan que no existen evidencias y que la acusación no tiene sustento.
Dos liberados
Dos de los procesados, que tienen pedidos de sobreseimiento definitivo por parte del Ministerio Público, fueron liberados por la jueza de Garantías, Alicia Pedrozo. Se trata de Carlos Higinio Pinto Apostolaqui y Lucas Vera Duarte, quienes fueron favorecidos con las medidas sustitutivas a la prisión. Tienen prohibido salir del país, cambiar de domicilio y una fianza real por G. 155 millones cada uno. Su defensor, Filemón Meza, requirió la revisión de medidas, basado en el requerimiento del fiscal Ysaac Ferreira.
