25 abr. 2024

Jueza niega tener el expediente de la EBY y habla de amenaza

Graciela Ortiz,  jueza.

Graciela Ortiz, jueza.

La jueza laboral Graciela Ortiz de Buffa negó tener a su cargo el cuestionado expediente donde piden una liquidación de 75.000 millones de guaraníes a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El director jurídico de la EBY, Juan Carlos Duarte, había señalado en la rueda de prensa que la jueza Ortiz tenía a su cargo el expediente. Junto con el titular de la binacional, Nicanor Duarte Frutos, habían denunciado la aplicación de intereses que no correspondían.

La jueza Ortiz explicó que ella nunca actuó en el expediente y que su colega Sandra Bazán, del primer turno, se inhibió y le remitieron el juicio caratullado “Luis Mercedes Duarte y otros contra EBY sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos”, del 2011.

Alegó que aún no fue recibido, ya que estaban controlando los siete tomos. Luego deberá decidir si lo toma o se inhibe, o en su caso, impugna la inhibición.

Afirmó que ni siquiera le pusieron el cargo. “Ni conozco el expediente. Se tramitó en el primer turno”, refirió la magistrada.

Indicó que ayer se reunieron los seis jueces laborales, junto con los seis camaristas del fuero, y fueron recibidos por el pleno de la Corte.

Esto, a raíz de la denuncia hecha por el director de la EBY, que esperarían el fallo, o recurrirían al Jurado de Enjuiciamiento, lo que consideran un “intento de amenaza”.

Ortiz sostuvo que para eso estaban los recursos en caso de no estar conformes. Acotó que creían que era un atentado contra la independencia de los magistrados laborales.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.