El diputado Tomás Fidelino Rivas Benítez finalmente fue procesado por la jueza de Garantías, Letizia Paredes, por el caso de sus caseros que habrían sido pagados con dinero del Congreso, a raíz de la investigación de ÚH.
Admitió la imputación por los supuestos delitos de estafa, cobro indebido de honorarios a más de la expedición y uso de certificados de méritos y servicios de contenido falso y uso falso.
La magistrada fijó para el próximo 23 de setiembre la fecha para que el fiscal Luis Piñánez presente su requerimiento conclusivo.
Además, Paredes citó al parlamentario para el próximo 3 de junio, a las 08.30, para la imposición de medidas cautelares.
Sin embargo, lo más probable es que esta resolución sea apelada por la defensa, ya que desde el inicio del proceso la defensa presentó recursos contra los fallos.
PRELIMINAR. Por otro lado, la misma jueza Paredes citó para el próximo 10 de junio, a las 08.30, a los coprocesados para sustanciar la audiencia preliminar.
Así, deberán presentarse los acusados Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González.
Todos ellos ya fueron acusados por el agente fiscal, quien requirió elevar el caso a juicio oral.
No obstante, contra los supuestos caseros, el fiscal habla de los presuntos hechos punibles de estafa y cobro indebido de honorarios.
Lea más: Diputados retira los fueros al colorado Tomás Rivas
El proceso contra los supuestos caseros ya se encuentra en la etapa preliminar, mientras que contra el legislador, recién se inicia por las apelaciones y hasta acciones promovidas por Rivas.
Ahora, también el fiscal Luis Lionel Piñánez, deberá citar al diputado para la declaración indagatoria, de modo a continuar con las investigaciones y darle el derecho a la defensa.
En el caso, la investigación de ÚH puso al descubierto que los caseros del legislador figuraban como empleados del Congreso, pero no pisaban el recinto.
Esto hizo que el fiscal Piñánez iniciara la investigación donde constató que el legislador colorado certificaba que sus caseros trabajaban en la Cámara de Diputados.
La imputación fiscal señala que los funcionarios Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco en ningún momento estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados ni en la zona del Parlamento en Asunción en las fechas de sesiones que figuraban en los registros.
Esto fue constatado con el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes remitidas por las empresas telefónicas Telecel SA y AMX Paraguay SA, de sus celulares.
