La jueza Tania Irún presentó ayer sus alegatos finales ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en la causa en que es investigada por una supuesta irregular transferencia en el 2019 de 310.000 hectáreas de tierra en el Chaco.
La jueza mencionó que a fines del 2018 tenía un permiso de maternidad, pero ante el retraso de su juzgado comunicó su reintegro, siendo parte del plan en la lucha contra la mora judicial. Remarcó que dio aviso de su reintegro en tiempo y forma, volviendo a sus labores el 20 de noviembre de 2018. Al respecto, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema se expidió sobre su reintegro y resolvió que fue admitida, explicó. “Concluyó en que me encontraba habilitada para dictar resolución y lo hice de conformidad a los plazos y formas establecidos. Esta sentencia se encuentra fundamentada de conformidad a la Constitución Nacional y a las leyes vigente de nuestro país”, expresó, por lo que, solicitó al Jurado su absolución.
Por su parte, la fiscala acusadora, Carmela Ramírez, manifestó que corresponde la sanción y remoción de la jueza Irún por mal desempeño en sus funciones.