Uno de los policías procesados por el caso 31M, pero con pedido de sobreseimiento definitivo de parte de la Fiscalía, fue beneficiado ayer con las medidas alternativas a la prisión preventiva por la jueza de Garantías, Cynthia Lovera.
Se trata de Arnaldo Andrés Báez, quien había sido imputado por supuesta coacción. Este hecho punible tiene pena de hasta 2 años o multa. El procesado ya está por más de 3 años con arresto domiciliario.
Con ello, la magistrada Lovera le concedió la libertad ambulatoria. Además, tiene prohibición de salida del país sin permiso del juzgado, obligación de presentarse al juzgado del 1 al 10 de cada mes y obligación de comparecer a la preliminar.
El caso investiga la muerte de Rodrigo Quintana, en el local del Partido Liberal Radical Auténtico, tras las manifestaciones antienmienda del 31 de mayo de 2017.