11 feb. 2025

Juez ordena captura del fiscal Velázquez

A pedido del fiscal anticorrupción Luis Piñánez, el juez de Santa Rita, Bernardo Silva, decretó ayer la rebeldía del fiscal Roberto Velázquez Vezzetti y dictó una orden de captura en su contra. Velázquez está procesado por una presunta extorsión a un comerciante de la citada ciudad de Alto Paraná.

Procesado.  El fiscal Roberto Velázquez se encuentra procesado por una supuesta extorsión a un comerciante.

Procesado. El fiscal Roberto Velázquez se encuentra procesado por una supuesta extorsión a un comerciante.

La audiencia preliminar del caso estaba fijada para ayer; sin embargo, Velázquez se ausentó alegando que a la misma hora tenía un juicio oral en Caacupé. El coprocesado, el policía Carlos Arévalos, tampoco se presentó en el Juzgado. Piñánez también solicitó su rebeldía y que se declare el abandono de su defensa, ya que el abogado del policía tampoco asistió a la audiencia.

A criterio de Piñánez, Velázquez no se presentó a la audiencia para dilatar aún más el proceso. En ese sentido, señaló que el procesado podía solicitar al Ministerio Público que otro fiscal lo remplace en el juicio oral en Caacupé.

Velázquez Vezzetti fue detenido en diciembre del 2008, en un operativo encubierto del entonces fiscal anticorrupción Sergio Alegre. También fueron imputados en aquella oportunidad el oficial primero Carlos Antonio Arévalos Duarte y el suboficial Silvano de Jesús Méndez Franco.

La acusación señala que el 24 de diciembre de ese año, los dos policías que desempeñaban tareas en Santa Rita cobraron la suma de 1.500 dólares en nombre del fiscal Velázquez a un comerciante. Tras tomar el dinero, los policías comunicaron telefónicamente a Velázquez el cobro.

El comerciante tenía problemas en el pago de impuestos y el fiscal le pidió esa suma de dinero para no imputarlo, sostiene la Fiscalía Anticorrupción. A pesar de tener este y otros procesos en su contra, Velázquez continúa activo como agente fiscal.

El mismo fiscal también fue procesado por lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas, por supuestamente golpear a un imputado.