Sucesos

Juez deberá definir dónde otorgará medidas a imputados por masacre

Los 28 reclusos procesados por el sangriento enfrentamiento en la cárcel de San Pedro no pueden comparecer en el Palacio de Justicia por razones de seguridad, por tratarse de peligrosos reos.

Entre el 27 y el 28 de este mes se hará la audiencia de imposición de medidas para los 28 internos que fueron imputados por la masacre ocurrida en la cárcel de San Pedro, donde murieron 10 reclusos y otros 12 quedaron heridos.

El juez Edgardo Martínez, encargado de llevar adelante el trámite, se trasladará hasta las sedes de reclusión donde se encuentran los procesados, que migraron a distintos centros penitenciarios del país, luego del enfrentamiento ocurrido el pasado 16 de junio.

“No es posible que comparezcan en el Palacio de Justicia de San Pedro por razones de seguridad”, indicó el magistrado, que agregó que se tomarán su tiempo para definir el caso, ya que se encuentran con otros inconvenientes como la obtención de intérpretes para los involucrados brasileños que deben declarar ante el juez.

POR UN CELULAR. Fuentes cercanas a la investigación del enfrentamiento señalaron que la sangrienta pelea arrancó por el robo de un teléfono celular, artefacto que supuestamente está prohibido en los lugares de reclusión.

Marcial Paredes alias Nechi, interno que, de acuerdo con los investigadores, pertenece al clan Rotela, fue la víctima de robo, según describen los intervinientes.

El hecho ocurrió en el pabellón A Alta y la víctima de robo junto a otros reos identificados con el clan Rotela fueron hasta el pabellón B Alta, donde viven internos identificados como adherentes del Primer Comando Capital, para buscar justicia.

En el pabellón del PCC se produjo el primer enfrentamiento y allí quedó herido Hernán Maldonado, miembro del clan Rotela, que según los intervinientes fue herido por David Andi Izquierdo, alias Chile, supuesto miembro del PCC.

Esto ocurrió en la mañana del 16 de junio.

Horas más tarde, una turba integrada por miembros del PCC fue en gran número hasta el pabellón A Alta de los Rotela, armados con cuchillos y con pistolas.

Como si fuera una película de acción, cuenta el acta de imputación, los presuntos integrantes del PCC dispararon a los candados de las celdas y pudieron ingresar al pabellón enemigo.

El resultado ya es conocido. A las 14.30 de ese día se logró controlar la situación. El saldo fue de 10 muertos, entre ellos incinerados y degollados. Y 10 heridos.

Ex director sigue prófugo

Wilfrido Quintana, ex director del penal, es hasta el momento el único funcionario penitenciario que está imputado tras la masacre. Quintana, que fue destituido de su cargo, se encuentra prófugo de la justicia y está imputado por cohecho pasivo agravado.

Los fiscales Giovanni Grisetti e Irene Álvarez lo procesaron luego de la masacre por supuestas irregularidades en su gestión, como el descubrimiento de una granja vip en el predio del penal, que era irregular y que albergaba a cuatro peligrosos internos.

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