En el caso, fueron imputados el suboficial Ramón Balbino Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú; y el suboficial Félix Antonio Ayala Caballero, del departamento de Judiciales, de la institución policial.
Los mismos fueron imputados por frustración de la persecución y ejecución penal. Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera decretaron su detención.
De esta manera, los mismos se presentaron ayer ante el Ministerio Público, donde los convocaron luego a declaración indagatoria. Ambos se abstuvieron a declarar.
Después, pusieron a los agentes a disposición del juez Palacios, quien les citó para la audiencia de imposición de medidas cautelares para esta mañana, a las 7:45 horas. La fiscalía pidió prisión.
IMPUTACIÓN. En el caso, según el fiscal, el 3 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional recibió el oficio del 27 de diciembre de 2018, del juez Elio Ovelar Frutos, que informó sobre la orden de detención con fines de extradición de José Luis Bogado Quevedo desde el Brasil. Esto fue cargado el 4 de enero de ese año.
El 6 de enero del 2020, Félix Ayala modificó los datos y agregó al nuevo juez Rolando Duarte. El 20 de mayo de ese año, Ayala modificó e introdujo el dato sobreseído. El 20 de agosto de 2020, el mismo modificó de nuevo como con captura.
Pero fue el 23 de abril del 2021 que Ramón Vargas modificó la causa por incumplimiento del deber legal alimentario, con acuerdo que extinguió la acción.
El 31 de enero pasado, el mismo Vargas ingresó de nuevo al sistema y modificó para que quedara con los datos reales de la orden de detención con fines de extradición.
Con ello, dice la fiscalía que los elementos preliminares colectados señalan que se da el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal, en grado de autor. Los agentes fiscales solicitaron que el juez decretara la prisión preventiva de los policías.
NUEVO GOLPE DE LA NARCOPOLÍTICA