Los suspendidos son los jueces José Segundo Velázquez y Marta Benítez, cuyos antecedentes fueron enviados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la Superintendencia General de Justicia.
Además, fueron suspendidos los actuarios Ariel Paniagua y Hugo Molinas Duré y la ujier notificadora Ana Osorio de Blanco, quienes también serán sometidos a sumario, a más de que se remitieron los antecedentes al Ministerio Público.
Según Jiménez Rolón, se auditó 745 expedientes en un caso y 1.005 en otro, aunque no detalló en qué juzgados. Son las auditorías que fueron concluidas, pero siguen en los demás juzgados de Paz de Central, de donde es superintendente.
Explicó que hallaron una serie de irregularidades, entre ellas, que los procesos seguían hasta su conclusión en los juzgados de Villa Elisa, pero luego se presentaban recusaciones sin expresión de causa, por lo que la jueza se inhibía y pasaba al Juzgado de Paz de Lambaré sin que se impugnara el fallo.
Es que las recusaciones sin expresión de causas solo son permitidas con la primera intervención, con lo que no podían ser admitidas.
Esto ocurrió en 2.878 casos, todos del mismo grupo de abogados. Y también, los ujieres y oficiales de Justicia notificaban e intimaban a varios lugares en el mismo día y hora.
