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BUENOS AIRES, ARGENTINA
El Gobierno de Argentina buscaría absorber unos 28.700 millones de dólares en manos de los fondos de pensiones privados para proteger las futuras jubilaciones de la crisis global, dijo una fuente privada, en una medida rechazada de inmediato por los mercados.
El proyecto de ley sería propuesto el martes al Congreso por la presidenta, Cristina Fernández, y según analistas es una jugada del Gobierno para conseguir financiamiento, y apagar así las dudas sobre la capacidad de pago del país.
Las carteras de las llamadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) tienen casi un 70 por ciento de sus recursos invertidos entre bonos y acciones, por lo que la dramática caída mayor al 45 por ciento en éstos papeles en lo que va del año preocupó al Gobierno.
Las AFJP son los mayores inversores institucionales del país sudamericano desde su creación del sistema en 1994.
“En principio, mañana (martes) se haría un anuncio de un proyecto de ley para reestatizar todas las jubilaciones”, dijo a Reuters un portavoz de una de las principales AFJP.
“Se diría que se trata de un gran rescate financiero, y las AFJP que queden, recibirían aportes voluntarios al estilo de un seguro de retiro”, agregó bajo condición de anonimato.
Si el plan avanza en el Congreso, Argentina volvería a tener un único sistema previsional estatal como el que históricamente tuvo el país y que cayó en constantes ciclos de déficit frente al desorden de las cuentas públicas.
Una fuente del Gobierno dijo a Reuters que la presidenta Fernández hará un anunció el martes por la tarde en el ente que administra el pago de pensiones.
“Una estatización de las jubilaciones genera nuevamente todo tipo de dudas hacia el futuro de Argentina”, dijo Jorge Alberti, analista del portal especializado ElAccionista.com.
Agregó que “esta situación pone de manifiesto las necesidades extremas de financiamiento que tiene el Gobierno para el año entrante”.
Argentina necesita financiar unos 12.000 millones de dólares en 2009 pero la actual crisis financiera global, que cerró los mercados para los países emergentes, generó dudas sobre la posición financiera del país.