“Nuestra misión es conseguir una condena, por lo menos de 15 años, para el ex intendente de Lambaré, Juan Martínez”, sostuvo ayer el fiscal Arnaldo Giuzzio durante la audiencia pública realizada ayer en el salón Quinto Centenario de la Villa Policial, en Lambaré.
Esta actividad, que reunió a más de 150 personas, fue organizada por un grupo de ciudadanos de esta ciudad, movidos –según explicaron– por un sentimiento de indignación ante el robo constatado, a través del pago de tributos por servicios e impuestos, bajo la administración de Martínez (2001-2006). El objetivo de este movimiento es sostener la causa que la Justicia le sigue a Martínez, “para que no termine en un “oparei”, expresaron varios de los participantes de la audiencia pública.
ANTECEDENTES. El ex intendente es investigado por un caso de clonación de facturas municipales, y que habría facilitado el desvío de unos 2 mil millones de guaraníes, según estimaciones de la Fiscalía. Aunque en un comienzo Martínez tuvo prisión domiciliaria, ahora se encuentra libre, hecho que fue cuestionado por los presentes en la audiencia. Los lambareños también expresaron su temor de que el ex intendente tenga suficiente tiempo –mientras dure la investigación– para ir “blanqueando” las irregularidades cometidas en la Comuna.
PARTICIPACIÓN. La necesidad de una mayor toma de conciencia de los problemas que aquejan a la ciudad y un deseo de los pobladores de involucrarse en los procesos de solución, se evidenciaron durante la jornada ciudadana, expresó Roita Palau, una de las organizadoras del evento, refiriéndose a notoria participación de los asistentes y las intervenciones registradas.
El fiscal Giuzzio historió brevemente el estado del proceso investigativo y destacó que todavía existen muchos elementos que pueden ayudar a la Fiscalía ya que se encuentra en poder de los vecinos de Lambaré, tales como boletas, recibos y otros.
APOYO
Bienes sin respaldo
Durante la audiencia, el fiscal Arnaldo Giuzzio afirmó que desde que Juan Martínez asumió como intendente hasta el final de su periodo, se registra una disparidad entre sus ingresos y egresos, de aproximadamente 700 millones de guaraníes. “Hay muebles e inmuebles que no pueden ser justificado legalmente”, remarcó.