El sojero había celebrado un contrato con el líder anterior de la comunidad y el nuevo líder presentó un amparo judicial.
La jueza Román otorgó una medida cautelar de prohibición de innovar contra terceros y autorizó la cosecha de unas 1.780 toneladas de soja, que fueron depositadas en un silo.
Romeu Meurer, afirma que la soja reclamada por los nativos había sido cultivada por él. Como argumento presentó un contrato de aparcería a cambio de dinero, firmado con los miembros de la comunidad indígena.
El JEM absolvió a la jueza, por no haberse comprobado durante el proceso que incurrió en causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
El organismo juzgador admitió la intervención de Redespi y Codehupy en carácter de Amicus Curiae en el enjuiciamiento de la magistrada de Alto Paraná, que finalmente fue absuelta.