Asimismo, el Gobierno argentino dispuso que la AGP mantenga el actual nivel de prestación del servicio y cobre el peaje hasta tanto tome posesión quien o quienes resulten adjudicatarios de la licitación, según medios argentinos.
Como parte del proceso de privatización de la ruta hídrica, Milei disolvió el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), un organismo creado por decreto durante la gestión de Alberto Fernández, que le daba participación en el manejo de la hidrovía-Paraná Paraguay a las siete provincias ribereñas. De esta manera, el Gobierno central podrá resolver licitaciones y establecer tarifas de los peajes sin consultar a las provincias.
La fundamentación expuesta en el decreto señala que “desde su creación, no logró un normal o regular funcionamiento, ni ejerció efectivamente las misiones y funciones que le fueron encomendadas, por lo que no alcanzó los objetivos propuestos”.
Las funciones que cumplía el organismo integrado por las provincias ribereñas fueron delegadas a la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables (SPVN), según informaron medios del vecino país.
La decisión del Gobierno argentino no fue bien vista por las distintas Gobernaciones que se quedan fuera de las decisiones vinculadas a la hidrovía, por donde pasa el 80% de las exportaciones argentinas.
La vía a entregar en concesión va desde el kilómetro 1.238 del río Paraná, en su confluencia con el río Paraguay hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior.
La ruta de 1.635 kilómetros, constituye el cauce de salida al Atlántico.
Por ese sistema se transportan cargas provenientes no solo de Argentina, sino también de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, países todos que en 1992 firmaron un acuerdo para facilitar la navegación y el transporte comercial en la hidrovía.
