Las “cuentas por cobrar” son uno de los puntos más críticos del informe de la Contraloría (CGR), representando una parte sustancial de los activos declarados por el ex titular de Petropar Eddie Jara en el año 2023 y siendo el eje de las sospechas de irregularidad patrimonial.
Así lo señala el informe de la Contraloría sobre las declaraciones patrimoniales del ex director de la petrolera estatal, que detalla además los principales hallazgos sobre este rubro.
El informe señala que en su declaración jurada (DJ) de setiembre de 2023, Jara registró un total de G. 3.500 millones en cuentas por cobrar, montos desglosados de la siguiente manera: Edith Ayala, G. 2.800 millones, y Diana Gamarra, G. 700 millones.
La Contraloría detectó que estas cifras son significativamente superiores a las declaradas en años anteriores (donde solo figuraba una deuda de Feliciana Rojas por G. 120 millones en 2014 y G. 200 millones en 2016.
ORIGEN DEL CAPITAL. Para justificar de dónde sacó el dinero para prestar estas sumas, Jara presentó (de manera reactiva tras la auditoría) un contrato de exclusividad profesional con un tercero, Francisco Vera Figueredo, por un valor de USD 400.000. El problema es que según el declarante, este monto fue cobrado íntegramente en efectivo (fuera del sistema bancario).
La CGR advirtió en su informe que no existe evidencia bancaria de la existencia inicial de ese dinero ni del momento en que Eddie Jara entregó o desembolsó los préstamos a Ayala y Gamarra.
En cuanto al caso de Edith Ayala, tras el inicio del examen de la CGR, se informó que la deuda fue cancelada entre noviembre de 2023 y enero de 2024, lo que el informe señala como una “cancelación apurada”. Ayala habría devuelto USD 140.000, unos G. 1.000 millones en efectivo, lo que la Contraloría califica como una operación “opaca” que impide verificar el flujo real del dinero.
El resto –unos G. 1.764 millones– se pagó vía banco, pero el reporte señala que casi todo ese dinero fue retirado o utilizado inmediatamente para otros fines, como un préstamo a un tercero llamado Sergio Ferrari.
En tanto que el caso de Diana Gamarra es casi igual al anterior, según la CGR, ya que no se observa en los extractos bancarios de Eddie Jara un débito o retiro que coincida con la entrega de ese capital a la señora Gamarra.
CONCLUSIÓN. La Contraloría determinó que estos activos financieros (sumados al efectivo declarado) representan 6,7 veces su capacidad de ahorro demostrable, según sus declaraciones impositivas originales.
El informe concluye que el uso de pagarés y contratos privados cobrados en efectivo son instrumentos que, aunque legales en el ámbito civil, en este contexto carecen de “fuerza probatoria suficiente” para desvirtuar las sospechas de irregularidad, ya que se presentan de forma reactiva y sin respaldo en el sistema financiero formal.
