Desde la construcción de sistemas de agua potable, pasando por la contratación del servicio de telefonía móvil corporativo con provisión de teléfonos celulares hasta la contratación de seguros, se puede observar en la web institucional de la Itaipú como próximas licitaciones (ver infografía de apoyo).
A pesar de los antecedentes que existen con relación a cuestionados llamados, como la reciente compra de casi 330.000 muebles escolares de origen chino en diciembre pasado por USD 32 millones al cambio de aquel entonces, ninguna entidad pública sigue sin poder controlar los gastos de la binacional, a pesar de que se trate de recursos públicos.
En esta situación se encuentran tanto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que se rige por la Ley 7021/2022, para los casos de suministros y contrataciones de entidades públicas. Asimismo, la Contraloría General de la República (CGR) para los casos de fiscalización y auditoría de las compras y obras que se realizan para instituciones públicas.
Impunidad. Ricardo Canese, experto del sector energético, expresó que Santiago Peña, presidente de la República, se está sobreponiendo a la Constitución Nacional; esto en el sentido de que no solicita a la Contraloría General de la República (CGR) que audite o fiscalice algunas polémicas compras de la binacional, denunciadas por corrupción.
“La Contraloría investigará las cuentas nacionales de los entes binacionales. Eso está en la Constitución Nacional. Sin embargo, no deja que entre la Contraloría, que entre la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso”, cuestionó.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) también dice que no puede intervenir cuando se trata de licitaciones convocadas por las entidades binacionales.
Sobre el Congreso, varios legisladores, principalmente los opositores, cuestionaron en las últimas semanas el hermetismo que existe en la binacional, ya que se niegan a responder los pedidos de informes solicitados, incluso por el Legislativo.
“El Congreso tiene que poder fiscalizar, revisar y todo lo demás como órgano de mutuo control entre los tres poderes del Estado. El caso de los pupitres chinos demuestra que lo que verdaderamente quieren hacer es robar. Así va a seguir, lo grave es que Santiago Peña ignore a la Constitución Nacional y el Tratado de Itaipú”, aseveró.
Uso discrecional. El analista explicó que estas compras se financian con el dinero que recibe nuestro país desde el 2024, año en que se terminó de pagar la deuda de la binacional.
“Peña fijó una tarifa superior al costo del servicio, violando el tratado, para que sobre y quede un remanente, y en su interpretación le da un uso discrecional, fuera de todo control”, señaló.
Situación. En resumen, las binacionales, Itaipú o Yacyretá están excluidas de la Ley 7021/22 de Compras Públicas. Es decir, la DNCP no puede ejercer ningún tipo de control hacia las compras que realizan. Igualmente, la Contraloría tampoco puede aplicar la Ley 6763/21 que establece que la CGR realice dos auditorías anuales. Esto debido a una acción de inconstitucional promovida por Yacyretá (EBY), que aún debe resolverse en la Corte. La única manera de que la CGR pueda auditar las compras de las binacionales es si el mismo presidente Santiago Peña lo ordena o alguno de los directores del lado paraguayo.
