El director paraguayo de la Itaipú Binacional, Franklin Boccia, exigió ayer al presidente de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú (Cajubi), Gustavo Paniagua, la anulación del polémico contrato que la Caja suscribió con el abogado Rafael Fernández para que este gestione la recuperación de los fondos remesados al extranjero en calidad de supuestas inversiones internacionales y cuya recuperación es hoy dudosa. Así informó a este diario Eusebio Ramón Ayala, director jurídico de la binacional, quien participó de una reunión que Boccia mantuvo ayer a la mañana con el titular de Cajubi para analizar la contratación de Fernández.
El pasado 28 de mayo, cuando al frente de la Dirección Jurídica de Itaipú se encontraba Diego Bertolucci, la Cajubi suscribió un contrato laboral con el ex fiscal Fernández, por el cual este debía iniciar acciones judiciales y extrajudiciales para recuperar los fondos de Cajubi remesados al exterior y que aún no fueron recuperados, 121 millones de dólares. A cambio, la Cajubi se comprometió a pagar 4 millones de dólares al abogado, en dos años y medio, con dinero que aportaría la binacional, según se establece en el contrato, que concede además a Fernández una comisión de 7,5% sobre los montos recuperados. Fernández podría así llegar a cobrar hasta 9 millones de dólares solo en comisión.
Luego de que Federico Franco asumiera la Presidencia, las nuevas autoridades de Itaipú empezaron a cuestionar el contrato que firmó Cajubi con Fernández, al que calificaron de leonino.
“Le pedimos (al presidente de Cajubi) que se deje sin efecto ese contrato y que si así no lo hiciere se adoptarán otras medidas tendientes a ese fin”, expresó Ayala, quien reveló que la Caja presentó el borrador de un nuevo contrato por el que Fernández reducía a 3,5 millones de dólares sus honorarios. Sin embargo, tampoco esta alternativa fue aceptada por la binacional. Ayala sostuvo que estaba en contra de este tipo de acuerdos, al que calificó como casi delictual.
Boccia y Ayala visitaron luego al presidente del Senado, el oviedista Jorge Oviedo Matto, a quien entregaron un resumen sobre la situación actual de las inversiones de Cajubi en el exterior. Luego del encuentro, Boccia insistió ante la prensa en la anulación del contrato con el abogado Fernández, quien ya recibió un primer pago de 500.000 dólares.