La Itaipú Binacional, Margen Derecha, informó ayer que ratifica su intención de financiar las obras de infraestructura vial, en el marco del programa de responsabilidad social de la entidad. El anuncio lo realizó en conmemoración del Día del Camino, que se recuerda cada 5 de octubre.
El lado paraguayo de la hidroeléctrica viene impulsando la construcción de rutas, puentes y viaductos, y destacó que esta posición no variará. José Alberto Alderete, director paraguayo de la entidad, manifestó que su gestión prioriza el acercamiento a la gente a fin de ofrecer soluciones a las necesidades más urgentes, en línea con la política del Gobierno Nacional.
Itaipú recientemente le prometió a la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) que desembolsará USD 20 millones, en lo que resta del año, para financiar distintos emprendimientos encarados por las empresas nacionales.
Actualmente, una de las obras prioritarias es la construcción del viaducto a la altura del km 7 de la ruta internacional José Gaspar Rodríguez de Francia de Ciudad del Este, por USD 12 millones. Se plantea una solución vial al tránsito vehicular y peatonal. Días atrás se realizó una reunión informativa referente a los aspectos técnicos y el proceso licitatorio del mencionado proyecto, indicó Itaipú. Se busca garantizar la transparencia y la participación amplia de los posibles oferentes.
Además, la central también financia la construcción de 166.300 metros cuadrados de pavimento en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú, Central y Cordillera. Una obra vial que está en plena ejecución es la pavimentación de 5.600 metros cuadrados de la calle Comuneros, ubicada en inmediaciones del Lago de la República, Ciudad del Este
Asimismo, la entidad prevé construir la pavimentación asfáltica para el acceso a lo que será el segundo puente con Brasil sobre el río Paraná, entre Presidente Franco y Foz de Yguazú.
POLÉMICA. El refuerzo de los gastos sociales fue un expreso pedido del presidente Mario Abdo Benítez. El problema principal radica en que Itaipú y Yacyretá no se guían por la Ley de Contrataciones Públicas y tampoco han permitido la auditoría de la Contraloría en el pasado.
Al utilizar sus propios sistemas y gozar de la discrecionalidad, se abre la canilla a eventuales despilfarros.