El director de Control de Contrataciones Públicas de la Contraloría, Paul Ojeda, indicó que en el caso de existir irregularidades hay consecuencias previstas en la misma Ley de Contrataciones Públicas, como la rescisión del contrato.
“Hay un contrato con la Municipalidad de Asunción y la empresa debe comunicar cualquier modificación. Es necesario que todos los documentos pasen por la Junta Municipal, es parte del contrato”, mencionó el director de Control de Contrataciones Públicas de la Contraloría, Paul Ojeda, en contacto con radio Monumental 1080 AM.
En medio de cuestionamientos ciudadanos y denuncias periodísticas, finalmente la Municipalidad de Asunción anunció el viernes pasado que se suspenderá la implementación del estacionamiento tarifado durante el tiempo que dure la investigación sobre el caso del consorcio Parxin. Esto se da tras sospechas de venta de acciones entre empresas, además del pedido de informe que anunció la Contraloría.
Mientras tanto, el director de Asesoría Jurídica del Municipio, Benito Alejandro Torres, alegó que él hasta ahora “no encontró ninguna causal” para iniciar una nueva acción. Luego agregó que dependerá del informe de la Contraloría y la auditoría interna de la Municipalidad.
En caso de hallar irregularidades, Torres afirmó que se debe iniciar un nuevo procedimiento, atendiendo a que en la última sentencia se rechazó la rescisión que planteaba la Comuna y en caso de no llevar adelante el contrato se expone al pago de multa de USD 5 millones, más siete años de intereses.
Manifestación. Vecinos de varios barrios llevan realizando pronunciamientos en contra de la implementación, sobre todo en áreas residenciales, como Las Mercedes, y exigían que solo abarque cuadras de locales comerciales.
El abogado Wilfrido Fernández, representante de Acción Vecinal del barrio Las Mercedes, consideró como un “mamotreto” el proceso del proyecto de estacionamiento tarifado. Esto atendiendo a que el consorcio Parxin se llevará una alta ganancia, que será el 65% de la recaudación por la explotación del espacio público.
También cuestionó que se haya dado al consorcio la potestad de decidir sobre el cobro o exoneración para el caso de los frentistas.
Lamentó que a pesar de varios pedidos no fueron recibidos por representantes de la Intendencia, tampoco por la mayoría de los ediles.
Hasta ahora no encuentro ninguna causal. Dependerá del análisis de la Contraloría y la auditoría interna.
Benito Alejandro Torres,
asesor jurídico de capital.
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De existir irregularidades hay consecuencias previstas en la Ley de Contrataciones; la rescisión del contrato.
Paul Ojeda,
director de CGR.
