Desde diciembre, Irán atraviesa una crisis política y social de alta intensidad que no puede ser entendida como un episodio aislado, sino como la convergencia de tensiones estructurales acumuladas durante años. Aunque el detonante inmediato ha sido el deterioro económico, el trasfondo de esta conflictividad es más profundo: una erosión sostenida de la legitimidad del Estado teocrático, el endurecimiento del aparato represivo y un contexto internacional cada vez más hostil. En este escenario, las amenazas externas, especialmente las provenientes de Donald Trump, no solo incrementan la presión sobre el régimen iraní, sino que también introducen una paradoja peligrosa: pueden acelerar una crisis interna ya avanzada, pero al mismo tiempo servir como herramienta propagandística para que el poder reconstruya una narrativa de supervivencia frente al enemigo extranjero.
El punto de partida de la actual ola de protestas remite a un patrón clásico en sociedades sometidas a estrés económico: una chispa material que se transforma rápidamente en una impugnación política del sistema. Diversos reportes sitúan el origen en focos comerciales como el Gran Bazar de Teherán, un dato relevante porque señala que el malestar no se limita a sectores juveniles o militantes, sino que alcanza espacios tradicionalmente asociados al dinamismo económico urbano. Cuando el comercio –un termómetro social de primer orden– se moviliza, lo que emerge no es solo protesta sectorial, sino el síntoma de un quiebre transversal. En Irán, esa fractura se manifiesta en la pérdida del poder adquisitivo, inflación persistente, caída de la moneda, precarización laboral y, sobre todo, una sensación colectiva de futuro clausurado. Sin embargo, lo decisivo no reside únicamente en el daño económico en sí, sino en la percepción de que el Estado teocrático ha dejado de ofrecer garantías mínimas de estabilidad.
Ese cambio de percepción convierte el conflicto en algo cualitativamente distinto. Las demandas dejan de dirigirse a reformas parciales o ajustes coyunturales y se transforman en una disputa por soberanía política, donde la pregunta central pasa a ser quién tiene derecho a gobernar y bajo qué fundamentos. En otras palabras, el conflicto se desplaza del terreno de la gestión económica al terreno de la autoridad: el régimen ya no es evaluado solo por su eficacia administrativa, sino por su justificación moral y política. En ese sentido, la crisis iraní no es únicamente una crisis de precios o valor de la moneda frente al dólar, sino una crisis del pacto social implícito entre gobernantes y gobernados.
A esta dimensión se suma un elemento geopolítico interno que suele ser determinante en sistemas con ambiciones regionales: el cuestionamiento ciudadano hacia las prioridades estratégicas del Estado. Una parte de los manifestantes critican el gasto y el capital político destinado a redes de influencia regional –milicias aliadas como Hamás y Hezbolá, apoyos externos, proyección de poder–en contraste con necesidades domésticas urgentes. El lema “Ni Gaza, ni Líbano, mi vida por Irán” condensa esta tensión de forma elocuente: no expresa simplemente un repliegue nacionalista, sino una denuncia de las jerarquías del poder, es decir, de un Estado que parece invertir recursos en objetivos externos mientras la vida cotidiana se vuelve cada vez más inviable.
Ante este desafío, el régimen ha respondido con coerción y control informativo en una estrategia típica de supervivencia autoritaria. La represión física y la censura digital no son políticas separadas, sino parte de un mismo dispositivo: eliminar capacidad de coordinación, fragmentar la protesta y reducir el costo internacional de la violencia estatal mediante la reducción de evidencia verificable en tiempo real. Sin embargo, esta estrategia también genera efectos secundarios corrosivos. Los bloqueos de internet, además de obstaculizar la organización, afectan la actividad económica digital, incrementan la incertidumbre y agravan el mismo deterioro material que alimenta la protesta. La represión, en tal sentido, se convierte en un círculo vicioso.
De hecho, el conflicto adopta una lógica circular: la violencia estatal incrementa el miedo, pero también el resentimiento; el apagón informativo reduce la organización, pero alimenta rumores, paranoia y radicalización; la represión puede desmovilizar temporalmente, pero eleva el costo moral de retorno a la “normalidad”. Cada muerte y cada detención incrementan el umbral simbólico del conflicto: se vuelve más difícil aceptar una vuelta al statu quo sin concesiones, porque ya no está en juego solamente una mejora económica, sino la memoria colectiva del daño sufrido. Cuando una protesta alcanza ese punto, deja de ser episódica y se transforma en un plebiscito informal sobre el régimen, incluso sin contar con una oposición organizada o un liderazgo unificado.
Esta dinámica conduce a una característica central del momento iraní: un régimen con fortaleza coercitiva pero fragilidad de legitimidad. Numerosos análisis tienden a explicar la resiliencia autoritaria solo por la represión, pero la supervivencia a largo plazo depende también de la capacidad del Estado para fragmentar a la sociedad o reconstruir un relato de amenaza externa. En Irán, aunque el Estado conserva fortaleza institucional –fuerzas de seguridad, estructura judicial, redes de vigilancia–, enfrenta una erosión de autoridad simbólica. El argumento de “orden y estabilidad” pierde consistencia cuando el orden produce pobreza y la estabilidad se vuelve una promesa vacía. Al mismo tiempo, ciertos signos de desacralización del espacio público, como el incumplimiento abierto de imposiciones culturales o religiosas (por ejemplo, respecto al hiyab o velo), muestran que la obediencia ya no es automática y que parte de la ciudadanía ha reducido su temor o su respeto hacia los códigos estatales.
De allí surge un dilema estructural: incluso si el régimen logra contener la protesta, el costo político puede ser irreversible. La represión puede devolver el control de la calle, pero no restaura necesariamente el consenso social. Es posible, incluso, que el resultado sea una victoria pírrica: se recupera el monopolio físico del espacio público, pero se pierde la adhesión de amplios sectores sociales. En términos de gobernabilidad, la “normalidad” puede convertirse en un estado de tensión latente donde cualquier shock nuevo –económico, cultural o internacional– reactive el conflicto con mayor potencia.
En este cuadro interno se inserta el factor externo: Donald Trump, que ha optado por un discurso de presión máxima, combinando respaldo explícito a los manifestantes con amenazas directas contra el régimen. Su repertorio incluye llamados a intensificar protestas y “tomar instituciones”, advertencias sobre castigos a responsables de represión, señales de posible acción militar y presión económica indirecta, como la propuesta de aranceles del 25% a cualquier país que comercie con Irán, funcionando como sanción secundaria. La intención parece clara: producir un efecto de cerco, aislar al régimen, elevar el costo de reprimir y alimentar la expectativa de un colapso posible.
Sin embargo, aquí aparece la paradoja más delicada: la presión de Washington puede actuar como acelerador del derrumbe, pero también como salvavidas político del régimen. En contextos de crisis nacional, los Estados suelen recurrir al recurso clásico de la amenaza externa para cohesionar internamente y deslegitimar a los opositores. Una intervención verbal o material de una potencia extranjera permite al régimen acusar a los manifestantes de “agentes del enemigo”, justificando represión ampliada y apelando al nacionalismo defensivo. En consecuencia, la presión de los Estados Unidos puede fortalecer a la protesta al aumentar su visibilidad y esperanza, pero también debilitarla si el régimen logra imponer la narrativa de la conspiración extranjera.
Además, los mensajes grandilocuentes –como “help is on its way”– generan expectativas. Si esas expectativas no se traducen en cambios concretos, el resultado puede ser frustración, desmoralización o radicalización desordenada. En ese sentido, la intervención externa no solo afecta al régimen, sino que también puede desorganizar a la oposición.
Frente a este entramado, se abren varios escenarios plausibles a corto plazo. Uno es la contención represiva y la fatiga social: el régimen sostiene el control con fuerza, la protesta disminuye por agotamiento, pero el deterioro económico se profundiza, preparando una ola futura más peligrosa. Otro escenario es una crisis prolongada de gobernabilidad: ni colapso ni victoria definitiva, sino huelgas intermitentes, protestas recurrentes y creciente incertidumbre institucional. Un tercer escenario es la escalada regional o el choque externo: si Estados Unidos avanza en acciones militares o Irán responde con movimientos regionales, la crisis interna se internacionaliza, y la población termina pagando el costo de una confrontación ampliada.
En conclusión, la crisis actual en Irán no debe entenderse como una protesta más, sino como una disputa acumulativa por legitimidad, en la que colisionan economía, identidad política y proyección geopolítica. Trump interviene como multiplicador de presión y riesgo: endurece el cerco, pero también habilita un relato defensivo para el régimen. El desenlace dependerá menos del tamaño de las marchas en un día específico y más de tres variables decisivas: la cohesión del aparato coercitivo, la capacidad de la protesta para sostenerse y organizarse, y el grado real de intervención externa más allá de la retórica de las amenazas.
El régimen teocrático enfrenta un creciente descontento el pueblo iraní por el deterioro económico y social, que ha confrontado por medio de una brutal represión, y se arriesga a una posible intervención armada de los Estados Unidos.
