Economía

Iracis e IVA, los dos impuestos que evadió la familia González Daher

La investigación tributaria detectó que los miembros del clan luqueño no documentaban todos sus movimientos y declaraban ganancias menores a las reales. También omitieron información.

A medida que pasan los días, va saliendo a luz pública más información sobre la evasión impositiva que cometió a lo largo de los años la familia González Daher.

Los datos a los que accedió ÚH detallan que el fraude al Fisco se realizaba mediante el impuesto a la renta comercial, industrial y de servicios (Iracis) y el impuesto al valor agregado (IVA).

En el caso del Iracis, los miembros del poderoso clan luqueño declaraban menos ganancias de las que realmente obtenían a través de sus distintas actividades comerciales registradas; mientras que en el IVA se detectó que no facturaban por todos sus movimientos comerciales e inmobiliarios o facturaban por montos menores. Esto, con el objetivo de pagar menos impuestos.

Pero el esquema utilizado no incluía solo la defraudación, sino también omisión. Mediante esta segunda artimaña, los González Daher ocultaron la existencia de negocios al Fisco, también con el objetivo de disminuir el monto que se debía tributar.

No obstante, no se descarta que la evasión pueda afectar a más impuestos o tipos de infracción, ya que la investigación tributaria a algunos miembros de la familia continúa.

MULTAS. Las investigaciones de la Administración Tributaria arrojaron, hasta el momento, una sanción de USD 25 millones por evasión para Ramón González Daher, hermano del ex senador colorado Óscar González Daher.

Asimismo, otros dos miembros de la familia aceptaron una multa de USD 3,5 millones y pidieron el fraccionamiento del monto para pagar la deuda en cuotas.

En entrevista con la 1080 AM, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó ayer estas dos sanciones, aunque evitó entrar en detalles sobre los montos y los procedimientos, debido a la vigencia legal del secreto de las actuaciones.

Con respecto al caso del ex titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), indicó que el monto final de la pena puede ser mayor o menor, ya que el afectado pidió la reconsideración del monto y debe acercar a la SET nueva documentación. No descartó que tras la culminación de los procesos, los documentos del clan González Daher sean remitidos a la Fiscalía para una investigación penal.

El dirigente deportivo también está en la mira fiscal, por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero y usura. Según la investigación, está siendo indagado por un supuesto esquema que consistía en préstamos hipotecarios que daba su hermano a personas necesitadas de dinero, pero cuando los prestatarios querían devolver el importe, este no se hacía encontrar y directamente les quitaba sus viviendas.

En ese contexto, la SET ya había confirmado hace unos meses una aparente inconsistencia de USD 1.113 millones entre los ingresos declarados por Óscar González Daher, familia y allegados, y los ingresos obtenidos de la conciliación de las cuentas bancarias, registros públicos y de automotor.

El ex senador quedó preso en setiembre del año pasado, tras ser imputado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Igual suerte corrió su hijo Óscar González Chaves. Ambos cuentan actualmente con arresto domiciliario.


El presidente pidió informes sobre multas
El presidente Mario Abdo Benítez se reunió en la tarde de ayer con el viceministro de Tributación, Óscar Orué, ocasión en la que el mandatario pidió informes sobre las fiscalizaciones realizadas a la familia González Daher y el reparto de las multas.
Al término de la reunión, el subsecretario de Estado desmintió que la SET repartirá USD 12,5 millones entre sus funcionarios, ya que el tope presupuestario para este procedimiento es de USD 4,2 millones.
Remarcó que si bien el reparto está contemplado en la Ley 125/91, mediante la reglamentación interna se prohibió que un funcionario pueda cobrar más de G. 60 millones por año en concepto de multas.
Adelantó también que están trabajando en una nueva resolución para fijar una escala de participación en las multas.

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