19 mar. 2026

IPS: Jubilados rechazan blanqueo de Bataglia

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Marcha. Jubilados se movilizarán frente a la Fiscalía.

archivo ÚH

Tras la decisión del Ministerio Público de desestimar una denuncia contra ex presidente del Instituto de Previsión Social, Vicente Bataglia, y otras cinco personas, por supuestas irregularidades durante la administración del ex titular de la previsional, la Unión Nacional de Jubilados anuncia movilizaciones frente a la Fiscalía General del Estado y otras instituciones.

El equipo conformado por los fiscales Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez pidió al juez Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos la desestimación de la denuncia, en la causa por supuesta lesión de confianza y estafa.

Ante esta situación, la Unión de Jubilados, emitió un comunicado por el cual se rechaza la decisión y se exige continuar con la investigación penal correspondiente.

Asimismo, se pide participar como coadyuvante en la denuncia contra la administración Bataglia, “de tal manera a impulsar la causa hasta la imputación condena y devolución de los bienes y valores supuestamente sustraídos”.

denuncia. La investigación se inició a raíz de la denuncia de la entonces senadora Kattya González (PEN), el diputado Raúl Benítez y el doctor Jorge Brítez, durante su desempeño como presidente del Consejo de Administración del IPS –ahora titular de la previsional–.

La medida se dispuso luego de que el actual sucesor de Bataglia informara a la Fiscalía sobre supuestas irregularidades dentro del nosocomio. Además de la denuncia de los legisladores encuentristas, se tomó en cuenta una nota remitida por la Contraloría.

DICTAMEN. La Contraloría General de la República, mediante una auditoría al ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre del 2023, detectó un supuesto desfalco de G. 1 billón en el Instituto de Previsión Social (IPS).

En la denuncia se detalló que se identificó que 9.355 bienes del ente, como equipos de salud, laboratorio e informática, están catalogados como faltantes y totalizan la suma de G. 42.915 millones, entre otras presuntas irregularidades.

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