Los escándalos políticos de corrupción no dan tregua. Días pasados, el presidente Mario Abdo Benítez se vio obligado a suspender una jugosa licitación del IPS, tras una denuncia de intento de soborno a un periodista de ABC que venía publicando los costosos contratos para el servicio de vigilancia en Previsión Social. La reacción presidencial no se dio por las denuncias periodísticas, sino por el escándalo de soborno, que reveló la trama política del negocio, que involucra también al senador liberal llanista Dionisio Amarilla.
El caso IPS es el retrato perfecto de cómo funcionan las licitaciones en este país, los negociados con el Estado, que han vuelto multimillonarios a políticos y empresarios, que juntos o separados, han logrado armar una red que supera gobiernos y colores partidarios. Para mantenerse vigente, solo hay que aprender el mecanismo.
El protagonista tiene un largo historial. Es el ex diputado colorado José Chamorro, quien como muchos de sus colegas, se convirtió en próspero empresario gracias a las infinitas posibilidades económicas del Estado, información a las que acceden gracias a la posición privilegiada como parlamentarios. El mecanismo del negocio tiene su lógica política: El presidente de turno, a cambio de votos y gobernabilidad, reparte los negocios: Distribuye las licitaciones para la provisión de computadoras, papeles, las tintas, la merienda escolar, obras viales, software, seguridad, medicamentos, cables, columnas, focos y millones de rubros que sostienen el funcionamiento del Estado.
Lo confirma Chamorro. Provee al Estado desde útiles de oficina hasta equipos de vigilancia, productos químicos, servicios de seguridad y pólvora.
Chamorro viene de la lejana, aislada y empobrecida Alto Paraguay, en cuya representación fue diputado desde el 2003 hasta el 2013. Fue acusado de desviar fondos del Fonacide y otras graves irregularidades. Jamás dio cuentas de sus faltas. Gracias a los contactos y la repartija de los dividendos, su empresa viene ganando todas las licitaciones de seguridad en el IPS desde hace una década, a pesar de las denuncias de corrupción e incluso de explotación laboral, que el IPS jamás se interesó en investigar. Sus empresas cambian de nombres, pero no de mañas.
EL MECANISMO. Chamorro ya no es político ni tiene influencias, pero supo encontrarle la vuelta para seguir vigente. Esta es la fórmula que usan todos los que iniciaron el negocio cuando tenían influencias. Ya sin poder político, se ven obligados a compartir con los que manejan el poder una parte de las ganancias. Esto puede darse de varias maneras: Acciones, asesorías jurídicas o cupos directamente. Por ejemplo: De cada 10 guardias de seguridad, al menos 3 son operadores políticos. Lo de Amarilla no es casualidad. El senador es titular de la Comisión de Hacienda, que debe dictaminar el presupuesto del IPS.
CONSEJO PARA EL NEGOCIO. ¿Cómo semejante contrato pasa los filtros? El IPS tiene un consejo que representa a las partes: Empresarios, trabajadores, Ejecutivo, jubilados y síndicos. Hay quejas diarias contra las diversas administraciones, quejas de jubilados, quejas por falta de medicamentos, el IPS es un lamento permanente. Tiene consejeros cuyos nombres conocemos solo en casos de escándalos y nunca como protagonistas defensores de la salud financiera institucional. ¿Qué explicaciones podrían dar el sindicalista Juan Torales, quien está sentado allí desde el 2014, o el representante de los jubilados, Roberto Brítez. ¿O el de la Feprinco, gremio empresarial que vive criticando al Gobierno de turno, despotrica contra la corrupción política o da cátedras de moral pública? No basta con que Miguel Doldán diga que se abstuvo de votar. ¿Qué hacen para proteger los bienes del IPS? ¿Por qué no alzaron su voz contra esta licitación con sobrecostos millonarios? ¿Cuántas licitaciones habrán aprobado a libro cerrado y bolsillos abiertos? Menos esperanza aún genera Julio César Velázquez, quien como ministro de Salud fue defenestrado por denuncias de corrupción y como parlamentario ha cambiado de carpas no por convicciones políticas, sino por oportunismos descarados. Fue cartista rabioso y luego anticartista rabioso, y recibió como paga el cargo en el que el jugoso salario de G. 30 millones es apenas una limosna frente a los negocios de las licitaciones. El Consejo del IPS funciona igual que el Parlamento, donde las ausencias y las abstenciones no son casuales y tienen su precio.
El presidente de la República ordenó la suspensión de la licitación por las sospechas de corrupción, sin embargo, mantiene al titular, Armando Rodríguez, y al consejero Velázquez, quienes dieron vía libre al negociado.
Mientras, Chamorro busca salvar su negocio con las efectivas armas que le sirvieron para sobrevivir a cuanto presidente estuvo allí. En tanto, el cuestionado Dionisio Amarilla busca repeler las denuncias en su contra con violencia verbal, amedrentamiento judicial contra la prensa para evitar la expulsión del Senado con el apoyo llanista.
¿Se animará Añetete a sostenerlo y cargar aún más sobre las espaldas de Marito una mochila muy pesada en medio de la desaceleración económica, las inundaciones que no dan tregua y un desgaste cada vez más acelerado de su poder?
