La demanda quedó ante la jueza en lo Civil Mafalda Cameron Luque. Fue presentada el 8 de marzo pasado, el último día de gestión de la ex fiscala general, Sandra Quiñónez, que quedó para el actual titular del Ministerio Público.
La deuda reclamada es por el alquiler del edificio ubicado en Nuestra Señora de la Asunción y Eduardo Víctor Haedo, de nuestra capital, donde se encuentra la Sede 1 del Ministerio Público.
El accionante adjunta la copia del contrato firmado entre el entonces presidente del IPS, Benigno López, y el ex fiscal general Javier Díaz Verón, donde fijan el costo del canon en G. 181.051.020 más el IVA, de G. 18.105.102, con lo que la suma mensual del alquiler es de G. 199.156.122.
El contrato es una renovación, ya que esa sede es utilizada por la Fiscalía desde los tiempos del entonces fiscal Óscar Latorre Cañete. Es más, en el contrato señalado se reconocen las mejoras hechas por el Ministerio Público por G. 663.972.850.
La demanda pide citar y emplazar a la parte demandada para que comparezca a reconocer las firmas que se le atribuyen, además de citar que se trata de las fincas 2311, 1075 y 9524, del citado edificio de propiedad del IPS.
El contrato presentado es la renovación del contrato de locación del citado inmueble, por resolución del Consejo de Administración del IPS y la Fiscalía General del Estado.
FISCALÍA. El fiscal general actual, Emiliano Rolón Fernández, concedió poder a los abogados Janine Llanes Silvero y Arnaldo Martínez Prieto, quienes ya se presentaron al juicio ejecutivo.
La abogada Llanes Silvero tomó intervención y presentó los recibos de los pagos realizados por los meses de julio a diciembre del 2018, aunque no presentaron facturas anteriores ni posteriores.
Igualmente, la misma cuestiona la demanda al señalar que los montos adeudados son desde el mes de enero del 2016 y enero del 2023, cuando que el contrato entre el IPS y el Ministerio Público es del 14 de julio del 2016.
En el juicio, el 27 de marzo pasado se realizó la audiencia donde comparecieron los representantes del Ministerio Público para presentar los últimos recibos de pago señalados.
La representante de la Fiscalía, por su parte, negó que se adeuden los años 2016, 2017 y 2018, ya que presentaron los originales del último recibo de pago del alquiler, de julio a diciembre del 2018.
El Ministerio Público reconoce que se dejó de abonar el alquiler desde el mes de enero del 2019 hasta la fecha, supuestamente por recortes presupuestarios que tuvo.
Con ello, sostiene que el IPS no tiene sustento documental para reclamar la deuda por los años 2016, 2017 y 2018, además de señalar que el contrato presentado está vencido desde el 31 de diciembre del 2019.
De esta manera, tras negar el monto de la deuda señalada, pide a la jueza que la previsional modifique el monto adeudado.
La acción sigue ante la jueza en lo Civil y Comercial, Mafalda Cameron Luque, quien deberá decidir con respecto al pedido de la Fiscalía.
Falta de pago podría derivar en el desalojo del edificio
Según advirtieron algunos abogados, la falta de pago de los alquileres podría derivar también en una demanda de desalojo por parte del Instituto de Previsión Social contra el Ministerio Público.
La Sede 1, en sus inicios, era el local principal de la Fiscalía, donde estuvieron los entonces fiscales generales Óscar Germán Latorre y Rubén Candia Amarilla. Fue este último el que logró que el Estado le traspasara la actual sede principal de Chile e Ygatimí de nuestra capital.
Sin embargo, varias unidades fiscales aún tienen sus oficinas en la Sede 1, con lo que el desalojo les acarrearía muchos problemas. La suma reclamada es de G. 18.675.321.575, más los intereses, costos y costas del juicio.