Por un lado, la abogada Paola Horita, hija de uno de los miembros de la Fundación Francis Perrier, remitió una nota al presidente de la República señalándole que supuestamente su contraparte estaba invocando el nombre de Marito para evitar que la Policía acompañe a un oficial de justicia para llevar adelante la intervención judicial y embargo preventivo de granos a favor de la fundación.
En respuesta, Luciano Esteban Perrier también hizo lo mismo, explicando al mandatario que es heredero declarado judicialmente de su extinto padre y acusando a los miembros de la fundación de haberlo obligado a firmar un documento, aprovechando su estado senil para quedarse con los bienes de su finado padre.
La abogada Dilma Díaz de Oliveira, representante legal de la fundación, señaló que la entidad no puede cumplir con sus fines sociales porque el inmueble fue ocupado en forma ilegal por los hijos de Perrier, quienes fueron desheredados a través de un testamento, pero que usurparon las tierras y las alquilaron a terceros.
Según la versión de la profesional, la última voluntad de Perrier fue que los agricultores vecinos y los indígenas que lo habían ayudado siempre sean los beneficiados de los frutos de las tierras, que actualmente es la estancia Kuñatai, cuya posesión ostenta Luciano Esteban Perrier, desde el año 2014. Díaz de Oliveira logró una orden de intervención judicial y embargo preventivo de los granos existentes en la estancia, donde desde el sábado pasado están cosechando soja a favor de la Fundación Francis Perrier, por orden de la jueza Alba Meza.
La misma señala que existe un perjuicio de más de 5 millones de dólares estadounidenses, de los frutos que la entidad no pudo percibir por la usurpación del inmueble por parte de Pereira, quien supuestamente tiene el respaldo del senador Javier Zacarías Irún, al que agradeció en una ocasión al haber logrado evitar que la Policía intervenga para cumplir una orden judicial.
En su misiva a Marito, Perrier explica que su contraparte evita mencionar que existe un juicio de nulidad por fraude contra la Fundación Francis Perrier, en el juzgado a cargo de la magistrada Maricel Meaurio. La causa ya dio vueltas por todos los juzgados, por recusaciones planteadas por la “luchadora de causas sociales y no encontrar jueces que quieran venderse a sus pretensiones”, disparó. Existe una medida cautelar de prohibición de innovar contra la fundación, señala en el escrito. También refirió que existen juicios por producción de documentos públicos de contenido falso y otras causas, que están en proceso ante la Justicia como corresponde y no pedir ayuda fuera del ámbito judicial, como el del presidente, según la misiva.
