La crónica publicada por este diario expone un sistema de estafa que está afectando a trabajadores que han caído en las garras de un esquema de delincuentes. Se espera que las autoridades y, en particular, la Justicia investiguen y sean capaces de detener el esquema de estafas.
Recientemente, un abogado inició acciones contra un grupo de docentes para cobrar deudas ante el Juzgado de Paz del distrito de La Encarnación. Una de las demandadas, en el año 2010, pidió un préstamo por G. 6.000.000, el cual fue cancelado. El crédito fue cancelado en febrero del 2013, pero solo pudo retirar cinco pagarés, por lo cual siete quedaron en poder del acreedor. Todos los documentos tenían números correlativos, y los pagos se realizaron a través de descuentos del Ministerio de Educación.
Estos pagarés que se cancelaron hace más de 10 años, pero que no fueron retirados por los deudores, son los que ahora están siendo usados con fechas selladas para actualizarlos, y con ellos comienzan las demandas civiles de cobro de guaraníes contra grupos de docentes en los juzgados de Paz. Una de las denunciadas fue demandada por la suma de G. 4.200.000, lo cual le fue notificado igual que a los otros nueve docentes demandados.
A raíz de la demanda por parte de la rosca de estafadores, la docente tiene actualmente su salario embargado. Considerando que la misma había conservado los extractos, pudo hacer una presentación vía su abogado para plantear la excepción de falsedad de título y cancelación de deuda.
Presentó asimismo las planillas de los descuentos del Ministerio de Educación que certifican que la deuda fue cancelada en el 2013, y que los sellos fueron en forma posterior. Otro dato revelador es que la docente quedó viuda en el 2014, por lo cual había cambiado la firma en su cédula de identidad. Sin embargo, los pagarés por los que le demandan actualmente tienen su firma anterior de casada.
Las personas expuestas a este esquema de estafas necesitan tener a la Justicia de su parte, no solamente porque sean gente trabajadora, sin influencias y sin privilegios, sino porque es un derecho que le asiste a todo ciudadano.
Además de la denuncia de los maestros estafados, se conocen otros casos, como el de la persona que tenía una deuda prescripta hace más de 8 años, pero que igual figura en la firma Informconf como operaciones morosas, pese a que no hubo reclamos judiciales. El abogado Miguel Vargas Coluchi había planteado un hábeas data contra la Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa), cuando su representado intentó realizar un préstamo para la salud de su hija en una cooperativa, pero le negaron por tener una “operación morosa con una compañía aseguradora”. Aquí es donde aparece la información de que tiene una deuda con Carsa, y aquí es donde se complica el relato, ya que la firma demandada es presidida por el hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel.
El sistema de Justicia en el Paraguay lamentablemente goza de escasa credibilidad. Son por todos conocidos los últimos acontecimientos que han golpeado todavía más la magullada confianza; es por eso que este caso debe ser resuelto, investigado y aclarado sin dejar dudas.
Los ciudadanos necesitan confiar en sus autoridades, precisan de la certeza de que vivimos en un estado de derecho y en el cual se respeta la garantía de que somos todos iguales ante la ley. Sobre todo, se debe demostrar que la Justicia paraguaya no favorece a los poderosos con conexiones e intereses políticos o económicos por encima de los ciudadanos.
Hoy más que nunca necesitamos una Justicia independiente e imparcial.
