El empresario Juan Galeano Grassi presentó una denuncia contra el agente fiscal, porque Gómez supuestamente había pedido la suma de un millón de guaraníes a ser destinados a ollas populares.
Luis Said y Francisco Cabrera son los fiscales designados en el caso.
Según refiere la declaración testifical de Grassi, la mujer identificada como Clarisse Aguilera de Castillo, funcionaria suya, habría sido detenida en un barrera policial y fiscal, el 9 de abril de este año.
Supuestamente, ella pudo demostrar el porqué había salido de la casa, y que su liberación le iba a costar G. 500.000, posteriormente fue derivada a la Comisaría 25 de Ytororó.
Como no contaba con el dinero, le retuvieron el vehículo y, al otro día, un supuesto abogado, Diego Acosta, que tomó su causa, le dijo que la suma ascendía a G. 1 millón, según había dicho el fiscal Gómez, del Ministerio Público de J. A. Saldívar.
De acuerdo con la denuncia, había 25 a 30 personas más en el lugar que estaban procesadas que también debían pagar, mientras otros tenían bolsas de pollos congelados.
Galeano presentó audios de grabaciones en los cuales supuestamente se escucha al fiscal Enrique Gómez decir que “ella está demorada porque no pudo explicar por qué está transitando, violando el decreto presidencial, el cual dice que solamente ciertas personas pueden circular”.
Sin embargo, logró divisar la carátula del proceso, en el cual decía que era exposición al peligro, cambiando lo que al inicio le comentaron, que era violación de la cuarentena.
Lo que finalmente se terminó pagando fue la suma de G. 500.000, que fue recibida por la asistente fiscal indentificada como Reina y luego supuestamente el empresario pagó también al presunto abogado Diego Acosta, unos G. 200.000.
SIN NÚMERO. Otro hecho denunciado es que la causa no tenía número cuando se fueron a retirar el vehículo, ya que era fin de semana.
En la carátula no se veía la numeración, por lo que al ser consultada, la asistente expresó que recién el lunes le iban a agregar.
El requerimiento es la prueba, dice
El fiscal Enrique Gómez, al ser consultado por los hechos en su contra, expresó que espera que el Juzgado saque la resolución donde constará el requerimiento, que demostrará que no incurrió en actos indebidos.
Expresó que Clarisse Aguilera no contaba con la licencia de conducir, por lo que le procesó por exposición al peligro y como reparación del daño, se debe pagar una suma de G. 500.000, que se destinaría a ollas populares.
“Esto ingresó con RUC del Ministerio Público; es más, ya se requirió el criterio de oportunidad, y está el Jugado de Paz”, refirió.
“En esa época no estaban concurriendo normal a las sedes, luego comuniqué al Juzgado, preparé el requerimiento y presenté”, dijo.
Detalló que le sorprendió la denuncia y que ya dio su computadora a los fiscales.
