De acuerdo con documentos en manos de la Fiscalía, el clan González Daher cuenta con 206 inmuebles, de los cuales 54 propiedades figuran a nombre de Ramón, mientras que su hijo Fernando González Karjallo tiene 87, según investigaciones tributarias y fiscales.
En el caso de RGD, se estima que esos 54 inmuebles provienen de las operaciones ilícitas que realizaba, ya sea despojando a sus deudores o con las ganancias de sus créditos usurarios. Lo mismo en el caso de su hijo.
Si bien Ramón no cuenta con muchas denuncias en su contra, ya está procesado justamente por usura y lavado, ya que se descubrió que tendría un esquema bien elaborado, en el que prestaba altas sumas de dinero a personas que necesitaban y cobraba intereses que llegaban casi al 100%.
El calvario para muchos comenzaba cuando al intentar pagar las últimas cuotas, supuestamente, Ramón no se dejaba encontrar, y luego los denunciaba por estafa.
Según datos a los que accedió este diario, RGD no contaba con empresas que le den ingresos, por lo que no puede justificar cómo adquirió todos sus bienes, que no sean a través de los intereses que cobraba de los préstamos que hacía. Eso demostraría que el crédito usurario era su única actividad comercial.
TÍTULOS. Entre los documentos encontrados el año pasado en allanamientos, se encontraron más de 1.600 cheques diferidos y con fechas en blanco y, además, títulos de propiedad, dejados como garantía por sus deudores.
INVESTIGADO. Si bien RGD es investigado por la Fiscalía por los últimos diez años, porque el marco normativo permite eso, se sospecha que el ex dirigente deportivo se dedicaba desde hace más de 20 años al esquema de usura y lavado.
Nuevas denuncias saltaron en su contra entre los que están trabajadores de una azucarera y un comentarista, pero se estima que en realidad Ramón habría perjudicado a más de 500 personas.
Inmuebles y vehículos embargados
A finales de julio de este año el Tribunal de Apelación penal ratificó el embargo de inmuebles y bienes valuados en USD 87 millones, mientras que a mediados de agosto, ratificaron sobre los vehículos que posee.
Fue a pedido de los fiscales del caso Osmar Legal y Liliana Alcaraz que se decretó la inhibición de enajenar y gravar bienes de los procesados.
También se promulgó el embargo preventivo sobre toda suma de dinero, o títulos de crédito o valor colocados en entidades financieras.
Respecto a los bienes, ese monto de USD 87 millones es lo que figura en los bancos en certificados de depósitos de ahorro en dólares y guaraníes.
Según investigaciones, algunos inmuebles serían alquilados además a algunas entidades estatales, de acuerdo con lo que figura en el portal de Contrataciones Públicas.