Con sofisticados esquemas el Gobierno de Nicolás Maduro participa en la fuga del oro. El hallazgo de un cargamento de lingotes en Aruba expuso una ruta para sacar el oro de Venezuela vía las islas del Caribe neerlandés hacia Europa y Dubái. El Banco Central de Venezuela, que por ley autoriza su comercialización, quedó en medio de un entramado de corrupción que evidencia el fracaso de la política chavista de nacionalizar este material estratégico y controlar el tráfico ilegal. EEUU anunció sanciones para bloquear operaciones vinculadas a la cadena de extracción y comercialización en las que participan militares, compañías públicas y privadas, bandas delictivas locales y guerrilla colombiana. Un enorme andamiaje que propició masacres y complejas operaciones de lavado de activos que engordan el bolsillo de unos pocos y que produce daños ambientales a territorio que es Patrimonio de la Humanidad, informa el portal Runrun.es.
“El régimen de Nicolás Maduro utilizó este sector como bastión para financiar actividades ilícitas y apoyar grupos criminales”. Las palabras son de John Bolton, el asesor de seguridad del presidente Donald Trump, quien se refería así al uso que el jefe del Gobierno venezolano le dio al negocio de extracción de oro en este territorio. A partir de esa declaración del 1 de noviembre de 2018, el país norteamericano prohibía a sus habitantes y empresas cualquier transacción relacionada con el metal precioso proveniente de Venezuela so pena de sanción.
Nueve meses antes de aquella sentencia presidencial, un destello ocurrió sobre el oscuro manejo de la minería aurífera en Venezuela bajo la administración de Maduro: En febrero de 2018 decomisaron 46 barras de oro con un peso de 50 kilos en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, justo cuando eran embarcadas por un escolta aduanero venezolano en un vuelo de KLM rumbo a Amsterdam, en el Reino de los Países Bajos. Aquel cargamento, valorado en USD 2,1 millones, venía de Maracaibo, y su destino final era Dubái, en los Emiratos Árabes. Contradictoriamente, la mercancía llegó vía aérea a la pequeña nación en medio de un bloqueo ordenado por el Gobierno venezolano contra las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao), para acabar con el contrabando de oro, cobre y alimentos. Un nombre salió a relucir en el centro de todas las irregularidades. El vendedor de las barras doradas enviadas a Aruba tiene nombre y apellido: Oro Azul SA, una de las empresas mixtas creadas por el Gobierno de Maduro para la explotación de los recursos del Arco Minero del Orinoco.