De manera llamativa, tras la asunción de Mario Abdo Benítez como presidente de la República, se produjo una oleada de pedidos de intervención a varias administraciones municipales de distintos pueblos y ciudades del país, bajo acusaciones de que sus intendentes habrían cometido graves irregularidades y presuntos delitos de corrupción.
La mayoría de estos jefes comunales están vinculados al movimiento Honor Colorado, sector interno del partido oficialista liderado por el ex presidente Horacio Cartes, aunque también existen autoridades de otras carpas partidarias, como el intendente de Concepción, Alejandro Tati Urbieta, de Mbocayaty del Yhaguy, Jacinto González, y de Ñumí, Elvio Cáceres, todos ellos del Partido Liberal Radical Auténtico, cuyas renuncias o intervenciones reclaman sectores de sus respectivas poblaciones.
Esta coincidencia puede obedecer a una nueva coyuntura política, que hace más viable que algunos reclamos ciudadanos puedan finalmente obtener respuestas.
El caso más emblemático, el del pedido de intervención de la administración municipal de Ciudad del Este, es una demanda que ya lleva años, pero que hasta ahora había logrado ser evitado por la intendenta Sandra McLeod, su marido, el senador Javier Zacarías Irún y los demás integrantes del llamado Clan ZI, que manejan el poder regional desde hace 17 años.
Ahora la situación ha cambiado y la intervención parece irreversible, tanto que la intendenta McLeod prefirió presentar ayer su renuncia al cargo de intendenta ante la Junta Municipal, aunque condicionando la posibilidad de retirarlo si la intervención finalmente se decide en la fecha en la Cámara de Diputados.
Lo significativo es que el anuncio se hizo durante una plenaria del movimiento Honor Colorado, en donde se presentaron los casos de intervenciones a los municipios como supuestos hechos de persecución política desde el actual gobierno a sus adversarios colorados.
La posibilidad de que finalmente se pueda realizar la intervención de las administraciones municipales con diversas denuncias de presuntos hechos de corrupción –en el caso de las autoridades de Ciudad del Este incluso está en marcha una investigación fiscal sobre enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, entre otros hechos punibles– implica un significativo avance en el proceso democrático de mayor control y transparencia sobre el manejo de la cosa pública.
Es importante, sin embargo, que se cumplan con todos los requisitos legales e institucionales y que se realicen los procedimientos con total rigurosidad y transparencia. Todas las intervenciones deben hacerse conforme a la ley, respetando los mecanismos democráticos y evitando que sean un mero recurso de venganza o de persecución política.