Ambos se metieron en un fuego cruzado que sube de tono y precipita la interna por el control de Lambaré, ya con miras al 2026.
Una auditoría, que saltó recientemente a la luz, reveló que parte del combustible, que paga toda la ciudadanía de Lambaré, va a parar supuestamente al rodado del diputado Arévalo.
Por su parte, activistas que cuestionan la administración de González, ventilaron los privilegios del jefe comunal.
En total, el diputado Arévalo habría cargado nueve veces a su rodado de alta gama y no solo dentro del área urbana sino en el interior del país, por el valor de G. 5 millones
Asunción, Areguá y también dos ciudades más, según develó el intendente González.
Se defiende. Sin embargo, consultado sobre tal situación, el diputado negó tales aseveraciones, y señaló que desmontaría la supuesta calumnia en su contra.
Dijo que ninguno de los registros de carga le corresponden y que lo demostraría con documentos.
“Estoy recabando todas las documentaciones. Nosotros no usamos ese combustible. Pero quiero hablar con las documentaciones en mano”, fue su alegato.
Por último, en abierta crítica, al jefe comunal de turno, lanzó que “en la municipalidad de Lambaré están ocurriendo cosas raras, porque esto es una falacia plena“.
González se desmarcó del festín con el combustible en su dependencia y responsabilizó de la supuesta carga a la concejal Carol González, esposa del diputado. En todo momento, sostuvo que de las tarjetas magnéticas se hacen cargo cada uno de los ediles.
Lo cierto es que si bien falta aún para las municipales de 2026, en Lambaré, como en otros sitios de Central y el país, las posibles candidaturas mueven sus piezas e iniciaron una precipitada carrera con miras a los comicios.
El intendente había sido imputado por la muerte de militares arrastrados hasta un arroyo, que no contaba con valla de seguridad.
Además, es cuestionado por el mal estado de las calles y el abandono en varios aspectos de la ciudad. Su contrincante más frontal es la esposa del diputado quien, además de compartir su signo político, también integra el cartismo al igual González. Dentro de los rubros cuestionados que cobra el intendente por su función, que se arrima a los G. 30 millones, figura una “bonificación por responsabilidad” por G. 6 millones.
