El intendente de Yabebyry, Ignacio Brizuela, señaló que su antecesor, el ex intendente Ramón Allende, es quien está siendo investigado por el perjuicio causado.
Sostuvo que el faltante de G. 1.122.884.124 detectado por el ente contralor se produjo en el año 2014, bajo la administración de su correligionario Ramón Allende.
En la denuncia hecha por la Contraloría ante la Fiscalía se destaca que el ex intendente pagó la totalidad por obras inconclusas y fantasmas.
La Contraloría mencionó que el informe final nunca fue contestado por Allende, quien no quiso hacer su descargo con base en las irregularidades halladas por el ente.
Brizuela agregó que el contralor Camilo Benítez presentó una denuncia en octubre del año pasado contra su antecesor.
La intendenta de Carmelo Peralta, Mirna Orrego, también salió al paso del informe y mencionó que las irregularidades se dieron en la administración anterior de Domingo Basilio Duarte.
Alegó que hubo una auditoría y las irregularidades fueron remitidas a la Fiscalía.
En el caso de Carmelo Peralta se detectó un monto faltante de G. 552.200.375 entre los periodos 2014 y 2015, según la referencia proporcionada por la actual administradora Mirna Orrego.
Santaní. El intendente de Santaní, Agustín Ovando, refirió que se le colocó erróneamente en la lista de intendentes que cometieron irregularidades, ya que el faltante de G. 380.069.723 corresponde al periodo 2010-2015, de la administración del ex intendente José Safuán.
Solamente entre los años 2014 y 2015 se habría identificado varias obras inconclusas e irregularidades que oscilarían los G. 6.000 millones y G. 7.000 millones de royalties y Fonacide.
Cabe señalar que estos pedidos de aclaración se deben a una publicación de ayer, donde se destaca que desde abril del año pasado la Contraloría denunció ante el Ministerio Público a 11 jefes comunales de la ANR y a 5 de la oposición por presuntos hechos punibles.
De acuerdo con esas denuncias elevadas a la Fiscalía General del Estado, un total de 16 intendentes habrían ocasionado un perjuicio de G. 50.438.717.817 de los recursos provenientes de royalties y Fonacide.
Esto ocurre en el marco de las auditorías que viene practicando la Contraloría en diversos organismos y entidades del Estado.