El intendente llanista de la ciudad de San Antonio, Raúl Mendoza, amedrentó ayer junto a su esposa, la concejala Lourdes Espínola, y un grupo de adherentes, a los ciudadanos que estaban cuestionando su administración en una audiencia pública.
La reunión fue convocada por los concejales de la ciudad para tratar las presuntas anormalidades de la citada administración, que podría ser causal de intervención.
El intendente, ofuscado, lideró la turba que en todo momento buscó incidentar la reunión. Mendoza incluso agredió a una mujer que estaba en la reunión, lanzándole su guampa de tereré.
El hombre está imputado por el faltante de G.1.200 millones en uso de Fonacide, en su gestión del anterior período. En el actual período que va del 2015 al 2020, la denuncia principal en su administración es sobre la construcción de un centro cultural, con sobrecosto que saldrá a la Comuna nada menos que G. 4.002.734.045.
Los concejales opositores a la gestión de Mendoza invitaron a la ciudadanía de modo a exponer las falencias del actual intendente, en especial en la utilización de los fondos, tanto del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide) y Royalties.
Según Víctor Manuel Gómez, presidente de la Junta Municipal y uno de los siete concejales que apuntan a la intervención, el desarrollo de la asamblea se vio bastardeada por una turba de funcionarios leales a Mendoza y por el mismo intendente, que arrojó en un momento dado la guampa a una mujer.
“No se pudo culminar la audiencia con la ciudadanía, porque nos impidieron funcionarios violentos que incluso golpearon a las personas que estaban en la plaza y tuvimos que levantar porque representaba inseguridad para los asistentes”, señaló.
Para Gómez y otros dos concejales colorados, un encuentrista, un concejal del PDP y un disidente liberal, existen pruebas suficientes del mal desempeño de Mendoza.
Dijo que en cuatro oportunidades ya rechazaron el balance y el último, del 2018, tiene varios elementos en su contra como el excesivo sobrecosto del centro cultural de la ciudad, que costó más de cuatro mil millones, ejecución que no fue avalada por la Junta, pero lo mismo, mediante la figura del veto, Mendoza habría llevado a cabo.
