Una de las principales preocupaciones de esta CBI es el potencial lavado de activos que se produce a raíz del financiamiento político a oenegés.
Desde su creación, esta comisión ha sido blanco de críticas por parte de varios sectores de la oposición política.
La comisión está compuesta por los senadores; Dionisio Amarilla (PLRA), Gustavo Leite (ANR) y Colym Soroka (ANR), además de los diputados; Hugo Figueredo (ANR), Rodrigo Gamarra (ANR) y Jatar Fernández (ANR – Ex Cruzada Nacional). Todos ellos con antecedentes.
Dionisio Amarilla. Un intento de negociado con el servicio de seguridad privada en el Instituto de Previsión Social (IPS), hecho que le costó su cargo en la Cámara Alta en el periodo pasado representa uno de los antecedentes más importantes del liberal devenido a cartista.
La relación de Amarilla con Óscar Chamorro Lafarja, responsable de la firma Service Security Tecnology (SST) inició hace más de 20 años según lo afirmó el mismo legislador en su momento. Este caso también guarda relación con un intento de soborno a un periodista para frenar publicaciones.
Gustavo LEIte. En el 2018, cuando Leite era aún ministro de Industria y Comercio (MIC) firmó una resolución para la entrega de millonarias sumas a una veintena de funcionarios en concepto de participación en multas, aplicadas y cobradas por la institución.
En menos de 12 meses, el entonces ministro repartió la suma de G. 1.200 millones a personas que ocupaban jefaturas o cargos similares. Fue nuevamente noticia debido a su participación como tesorero de una oenegé que recibe millonarias donaciones de entes como la Binacional de Itaipú o Tabacalera del Este (Tabesa). Lo llamativo es que esta organización denominada; Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay se dedica al tratamiento de personas adictas a las drogas. No está registrada en la Senad y no figura en Seprelad.
Colym Soroka. En enero del 2021, el legislador fue noticia por usar una palabra, denigrante, violenta y machista contra la entonces legisladora Kattya González (PEN) al calificarla de Maria’i (mujer vulnerada en todos sus derechos). Esto cuando se debatía un pedido de interpelación al entonces jefe de gabinete de la presidencia Juan Ernesto Villamayor.
En diciembre del mismo año, Soroka fue acusado por su hermano Roque Soroka de apropiarse de los bienes familiares tras el fallecimiento de su madre. Lo acusó también de “soberbio y prepotente”. Solo hace días, nuevamente Soroka fue noticia por llegar a los golpes, esta vez con el intendente de Hohenau (Itapúa).
se apropió. Jatar Fernández. A inicios de setiembre, el legislador fue noticia por supuestamente haberse apropiado de un inmueble, propiedad de Serafín Mysko en Ayolas, departamento de Misiones.
El ciudadano que estaba en el lugar hacía 25 años, denunció al legislador por invasión de inmueble en febrero de este 2024. Fernández, en compañía de su esposa y otras personas, aparentemente ingresó al lugar de forma violenta y clandestina.
Solo la semana pasada, el legislador fue noticia luego de que una familia de empresarios recuperara el control de su embotelladora de agua mineral, tras un año en el que la propiedad estuvo en manos del diputado cartista.
Se trataba de una demanda que entabló el empresario Fernando Gómez Brítez al que supuestamente le fue arrebatada la firma Harpaya SA.
Rodrigo Gamarra. En febrero de este año, el legislador fue denunciado por la entonces senadora Kattya González por violencia contra la mujer. Esto se produjo a través de publicaciones en redes sociales del legislador colorado. La denuncia se presentó ante el Juzgado de Paz de la Encarnación.
