Los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón fueron designados ayer para integrar la Sala Constitucional que, en este caso, debe estudiar y resolver sobre las acciones relacionadas al derecho de acceso a la información pública, específicamente, de la publicación de las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos del Estado.
La acción es puntualmente la inconstitucionalidad planteada por Enrique García, cuando aun era el contralor general de la República, contra el pedido del periodista Juan Carlos Lezcano. El comunicador había promovido un amparo contra la Contraloría General de la República para acceder a la declaración jurada del ex senador Dionisio Amarilla.