Varias instituciones siguen ninguneando al Senado al no responder más de 100 pedidos de informes que fueron aprobados desde el 2021. Fue el senador liberal Fernando Silva Facetti el que hizo un recordatorio sobre esta situación, que se viene arrastrando y continúa. “Hay más de 100 pedidos de informes”, consideró, y planteó incluso posibles sanciones a los responsables.
Para el liberal es un abierto desacato al Poder Legislativo, y consideró que se tenía que buscar una solución de fondo a la problemática de la omisión de los informes.
El artículo 192 de la Constitución otorga potestad a los parlamentarios de solicitar informes a los demás poderes del Estado sobre asuntos de interés público, los cuales deberán ser respondidos obligatoriamente.
En principio, hay un compromiso para revisar la lista de los pedidos que no obtuvieron respuesta, la próxima semana. En algunos casos se hicieron reiteraciones.
Hay incluso proyectos que fueron presentados por senadores que ni siquiera ya están en el Parlamento, en algunos casos por haber renunciado. Prácticamente se fueron sin recibir una respuesta.
En el 2021 se había solicitado informes a la Dirección de Registros Públicos y al Servicio Nacional de Catastro respecto a la cantidad de expedientes sobre operaciones inmobiliarias y comerciales.
De acuerdo con una observación, solamente Catastro remitió una respuesta, y aún falta Registros Públicos.
Otro pedido fue para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre el estado y avance de un proyecto de construcción de un puente levadizo sobre la Laguna Cerro, en Piquete Cué, ciudad de Limpio.
A Registros Públicos se le remitió otro pedido sobre la nómina de llamados a licitación pública nacional de los últimos 5 años.
Hubo una solicitud dirigida al Ministerio de Salud Pública en relación a la campaña de vacunación contra el Covid-19, que había sido presentada por el liberal Víctor Ríos, actual ministro de la Corte.
A Itaipú se le pidieron informes sobre el destino de los fondos sociales del 2020 y 2021.
Se aclaró que también se remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores y Yacyretá, que fueron los que respondieron, pero no la Itaipú.
El Viceministerio de Transporte fue requerido sobre sumarios abiertos a las empresas de transporte que cubren itinerarios en la capital y el área metropolitana.
En cuanto al Indert, se solicitaron detalles sobre la titulación de tierras de la comunidad indígena Fray Bartolomé de las Casas, del Pueblo Maká, del Departamento de Presidente Hayes.
Sobre el cultivo, desarrollo, producción, comercialización e investigación del cáñamo industrial, se pidió informe al Ejecutivo, Ministerio de Agricultura, Senad, Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, Senave, Industria y Comercio, Banco Nacional de Fomento y el CAH (Crédito Agrícola de Habilitación). Ninguno de estos 3 últimos respondió.
Hubo un paquete de pedidos de informes a las municipalidades de todo el país respecto a información sobre las unidades de salud familiar, en el 2020 y 2021.
Además, al Ministerio del Interior sobre el Sistema 911, ya durante la gestión del entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio.
Tanda 2022. Respecto al año pasado, aún no se tuvo respuesta de la Policía Nacional sobre los desalojos ni pedidos de intervención con intención de detenciones y traslados de comunidades indígenas durante el periodo 2020-2021.
El Ministerio del Ambiente no respondió sobre la cantidad de hectáreas de bosques con que contaba el Paraguay en el 2011 y en la actualidad.
Al Ministerio de Obras Públicas se le consultó sobre proyectos ferroviarios en procesos de integración regional.
A la ANDE, en relación a desembolsos de Itaipú en concepto de royalties, utilidades de capital, resarcimientos de cargas de administración y supervisión, compensación o cesión de energía. A modo de observación, se resalta que este pedido ya fue reiterado en dos ocasiones, sin que haya respuesta. Al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Yacyretá se les requirió copia del presupuesto anual aprobado, destinado a la ejecución de los recursos para gastos sociales.
A Obras Públicas sobre el supuesto emprendimiento para la construcción de una estación de servicio en la Costanera Norte.
A la Secretaría Nacional de Deportes sobre los recursos financieros transferidos a la Unión del Fútbol del Interior, desde el año 2018.
Al IPS (Instituto de Previsión Social) respecto al estado de los compromisos sobre licitaciones, contrataciones, uso de combustible, ejecución de contratos de mantenimiento de equipos.
