“La Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) del Poder Judicial se niega a que la Contraloría General de la República (CGR) y la ciudadanía en general puedan acceder, vía Ley de Acceso a la Información Pública, a la información sobre asientos registrales, a fin de controlar las declaraciones juradas de bienes y rentas (DJBR). ¿Cuánto perderían? Menos de G. 3 mil millones al año. ¿Cuánto vale detectar corruptos?”, manifestó.
Dijo que poniendo en línea y de manera gratuita los datos solamente de asientos registrales, ayudaría a poder realizar cruzamientos de datos sobre las DJBR y combatir así la corrupción.
“Recordemos que son registros públicos a los que hoy solo pueden acceder abogados y escribanos... Lo que dejaría de percibir la DGRP (en el supuesto que ya nadie más solicitara informes registrales, extremo harto improbable) es menos que lo que se detectó con impuestos no ingresados en solo 65 casos que controló la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con el análisis de las primeras DDJJ liberadas”, dijo, mostrando las cifras obtenidas a partir de pedidos de acceso a la información a la SET y a la CSJ.
Con una acordada de la Corte Suprema de Justicia se pueden hacer públicos los asientos registrales de la DGRP.
Ezequiel Santagada,
director ejecutivo de IDEA.
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