En principio, el planteamiento era solamente incluir a las criptominerías, sin hablar del precio de mercado, pero se aceptaron los cambios a pedido de los senadores Eduardo Nakayama y Yolanda Paredes. Además, el senador Gustavo Leite pidió que en la declaración se incluya un punto donde se garantice de alguna manera la seguridad jurídica. Entonces, en el segundo artículo, la Cámara de Senadores “expresa su total apoyo a las inversiones realizadas en infraestructura en el marco de las disposiciones legales vigentes y aquellas a ser dictadas en el futuro”.
El proyecto de Buzarquis apareció en medio del debate en torno a la conveniencia o no de la instalación de criptominerías, y si bien cuestionaron el poco empleo que generan, también destacaron que actualmente representan un ingreso de USD 100 millones anuales para la ANDE, con energía excedente que de lo contrario se estaría cediendo a precios ínfimos.
Señalaron que con la venta a las criptominerías, que actualmente alcanza los 270 MW en 52 contratos activos, el Paraguay por primera vez vende grandes bloques de su energía excedente.
Por otro lado, postergaron por 30 días el proyecto que pretende prohibir criptoactivos y criptominerías.
