La misma planteó una acción autónoma de nulidad contra el Estado paraguayo, la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, y contra la Senabico, para anular la inscripción registral y su cancelación, a más de la indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual.
El argumento es que la jueza Kirchhofer carece de competencia para disponer la ejecución de los bienes, máxime cuando afectan el 50% de los bienes conyugales de la esposa no condenada.
No obstante, el juez rechazó el pedido de prohibición de innovar y contratar sobre los inmuebles y la medida de indisponilidad de los fondos detallados en sentencia 515 del 17 de diciembre del 2021, que condenó a 15 años de cárcel a Ramón González Daher y a 5 años a su hijo Fernando González Karjallo. Con ello, se especifica que hay un conflicto judicial sobre la propiedad de los inmuebles.
