Al menos en parte se acabó el calvario de los cierres de rutas y las dificultades para ingresar a la zona metropolitana de Asunción y las grandes ciudades. El prolongado paro de los gremios de camioneros, que dejaron estacionados sus vehículos de gran porte a lo largo de la Costanera capitalina, provocando aún mayor colapso de tráfico que el acostumbrado, además de cerrar por largos momentos las principales rutas del país, fue levantado tras la firma de un acuerdo con las autoridades.
La movilización, que se inició el 28 de julio, buscó principalmente la aprobación de una ley de fletes en el Congreso, exigiendo un mejor pago por el transporte de cargas, especialmente por parte de las empresas agroexportadoras, entre varias otras demandas.
No hizo falta aprobar dicha polémica ley. Tras 22 días de calvario para los automovilistas y quienes deben entrar a las ciudades y salir de ellas o circular por las rutas, las autoridades del Gobierno —junto con los agroexportadores y las empresas de transporte— lograron firmar un acuerdo con los líderes camioneros, dejando sin efecto el proyecto de ley que finalmente acabó cajoneado en el Parlamento.
La propuesta planteada por el Comité Técnico de Transporte de Cargas es la de conceder alrededor de un 33% de incremento sobre el precio del flete que venían cobrando los camioneros, principalmente en el transporte de cereales y oleaginosas, con el fin de compensar la suba del combustible. El documento establece que, en un plazo de 60 días, el comité deberá tener un costo operativo. Otro punto importante acordado es que se deberá trabajar para lograr la formalización plena del sector.
Lo cuestionable de todo este conflicto es que se haya postergado por tanto tiempo arribar a una solución, cerrando las posibilidades de diálogo, cuando esto era factible desde el primer momento de iniciado el paro.
Se impuso innecesariamente al país a situaciones enojosas con los continuos cierres de rutas, que generaron pérdidas diarias estimadas en 30 millones de dólares por día para los sectores de la producción, además de interrumpir derechos de libre tránsito, ocasionando situaciones de violencia por parte de las personas afectadas. También se reportaron casos de desabastecimiento de productos esenciales, como leche, frutas, verduras, medicamentos y otros, en varios lugares del país, por la imposibilidad de llegar a tiempo con las reposiciones.
Resulta igualmente criticable el intento de aprovechar el conflicto con fines electorales por parte de candidatos y sectores políticos, como lo han hecho el actual vicepresidente, Hugo Velázquez, en prematura campaña como precandidato presidencial, y de su aliado, el diputado colorado por Paraguarí, Miguel Cuevas, procesado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Ambos buscaron posicionarse como los que hicieron posible levantar el paro, algo que resulta lamentable desde todo punto de vista.
La gran lección de este episodio es que se debe recurrir al diálogo y a establecer acuerdos desde un primer momento, sin necesidad de castigar a la población con medidas de fuerza y conflictos por tanto tiempo.