El propietario del ingenio, José Odvar Lopes, y sus abogados Aramis López y Enzo Olmedo visitaron ÚH para sentar postura y rebatir la denuncia y acciones que se refieren a un supuesto hecho de contrabando, atribuido a la empresa por parte del MIC y otras instituciones, de una carga de azúcar.
López explicó que el proceso abierto por 1.900 bolsas de azúcar (de 1.000 kilos) que se habían incautado en enero pasado, ya fue luego de varias intervenciones anteriores que hizo el MIC al ingenio en la planta de Nueva Esperanza, Canindeyú.
La firma logró, recientemente, a través de la orden del juez de Caaguazú Carlos Miguel Giménez, mantener en su poder 1.400 de las bolsas que Industria y Comercio intentó trasladar a su depósito de Fernando de la Mora.
El abogado afirmó que desde la intervención del viceministro de Comercio, Pablo Cuevas, en enero pasado, con la denuncia de supuesto contrabando presentada ante la Fiscalía, realizaron todas las acciones legales con las cuales han demostrado que jurídicamente el azúcar en cuestión es de producción nacional y fue adquirida legalmente para su reprocesamiento, que es la de darle la calidad para su venta a industrias de bebidas gaseosas y lácteas.
PROCESO. Exhibió la documentación que en primer lugar muestra las facturas de haber adquirido el azúcar del broker (intermediario) Comvence y que este a su vez se proveyó del ingenio azucarero Iturbe.
Añadió que el propio ministerio confirmó que el azúcar es de producción del citado ingenio, mientras la Subsecretaría de Tributación (SET) avaló la legalidad de las facturas y lotes correspondientes.
Redobló su posición con el dictamen del fiscal del sumario de Aduanas, que ya determinó por escrito que el producto no es de contrabando. Debido a que se dilata la resolución final, pidieron el urgimiento de resolución final correspondiente a la administración de Salto del Guairá.
Subrayó que jurídicamente han demostrado la legalidad absoluta de la carga y del proceder del ingenio, pero en contrapartida tienen a dos jueces y dos fiscales que siguen un mismo proceso por supuesto contrabando que “no existió ni existe”, además de constantes intervenciones del MIC, Justicia y Trabajo, Aduanas y de Hacienda.