La investigadora Claudina Zavattiero habló este miércoles con radio Monumental 1080 AM sobre los hallazgos del informe técnico La economía política de la protección social en Paraguay.
Al respecto, Zavattiero detalló que la investigación está basada en informaciones cuantitativas y en datos cualitativos sobre el proceso de toma de decisiones en cuanto a la definición y financiamiento que se tiene actualmente sobre la protección social en Paraguay.
En ese sentido, dijo que los datos arrojaron que el 25,5% de la población en general cuenta con protección contributiva o no contributiva.
“Si nos vamos solamente por seguridad social, que es el aporte contributivo, lo que se ve es una tasa del 23% de la población ocupada que está aportando al sistema de jubilación. Es decir, 763.000 personas están sosteniendo el sistema de aportes contributivos”, indicó.
Igualmente, la investigadora señaló que Paraguay ya ingresó a una etapa de cambios de su infraestructura por edades de la población y empieza a atravesar sus primeros años de envejecimiento poblacional.
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“Un cambio que hagamos hoy en políticas públicas lo vamos a ver en alrededor de 20 años”, acotó.
La investigadora además señaló que en Paraguay desde el 2010 está intentando sostener un sistema de protección social, pero las prácticas evasivas o el clientelismo político, son algunas de las barreras estructurales.
“El clientelismo político y las prácticas evasivas son algunas barreras estructurales por los cuales no se logra consolidar el sistema de protección social en el Paraguay”, insistió.
También indicó que el empleo en Paraguay por cuenta propia tiene un salario bajo. “La persona independiente puede aportar al IPS, pero desmotiva que no tendrá esa cobertura médica”, refirió.
El informe presentado busca allanar el camino para dar sostenibilidad y espacio para el crecimiento y fortalecimiento del sistema de protección social.
Este estudio fue realizado en el marco del proyecto Protección Social y Gestión de las Finanzas Públicas, ejecutado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el apoyo de la Unión Europea en Paraguay.
